Las sanciones al sector privado cubano volvieron a enfrentar este miércoles a La Habana y Washington. Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de perjudicar directamente a los emprendedores de la isla.
El gobernante reaccionó después de la entrada en vigor de nuevas restricciones estadounidenses relacionadas con Cuba. Parte de las medidas afecta operaciones financieras que habían sido autorizadas durante los últimos años.
Díaz-Canel sostuvo que las decisiones de Washington contradicen el argumento estadounidense de que su política busca presionar principalmente al aparato estatal cubano.
Díaz-Canel cuestiona las nuevas medidas de Washington
En dos publicaciones difundidas en X, Díaz-Canel afirmó que las restricciones muestran el verdadero alcance de la política estadounidense hacia Cuba.
Según el gobernante, las medidas contra los negocios privados buscan aumentar las dificultades económicas de la población. También aseguró que obstaculizan las transformaciones económicas anunciadas por su Gobierno.
La reacción llegó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC, modificara varias disposiciones de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos.
Uno de los cambios afecta directamente a determinados emprendedores privados cubanos.
Desde este 30 de septiembre, OFAC eliminó la autorización que permitía a instituciones bancarias bajo jurisdicción estadounidense abrir y mantener determinadas cuentas para emprendedores privados cubanos.
La agencia estadounidense también estableció que las cuentas afectadas deberán quedar bloqueadas, salvo que exista otra autorización aplicable. Para desbloquear esos fondos será necesaria una licencia específica de OFAC.
Las sanciones amplían las restricciones financieras
El paquete no se limita a las cuentas utilizadas por emprendedores. Washington también eliminó la autorización para procesar determinadas transacciones conocidas como “U-turn”.
Estas operaciones permitían, bajo ciertas condiciones, transferencias que comenzaban y terminaban fuera de Estados Unidos, aunque pasaran por instituciones financieras estadounidenses.
OFAC también amplió las restricciones relacionadas con entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba. Desde este miércoles, la prohibición alcanza determinadas transacciones financieras indirectas con esas entidades.
La Administración estadounidense vincula estas medidas con una política más amplia de presión sobre las estructuras estatales cubanas y las personas relacionadas con ellas.
La Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, amplió las facultades para imponer sanciones relacionadas con represión, corrupción, abusos de derechos humanos y determinadas amenazas a la seguridad nacional y política exterior estadounidense.
El sector privado también enfrenta restricciones dentro de Cuba
Las críticas de Díaz-Canel abren otro debate. Los emprendedores cubanos no solo enfrentan obstáculos derivados de las sanciones estadounidenses.
Dentro de Cuba, el propio Gobierno mantiene controles, prohibiciones y actividades condicionadas para empresas privadas, mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
El Decreto 160, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 28 de julio, sustituyó el sistema anterior por una regulación diferenciada según el tipo de actor económico.
La normativa establece actividades de prohibición absoluta, otras no autorizadas y varias que requieren permisos o condiciones específicas para poder desarrollarse.
Por tanto, el debate sobre las sanciones al sector privado cubano tiene dos dimensiones diferentes. Por un lado están las restricciones impuestas desde Washington. Por otro, permanece el marco regulatorio y fiscalizador aplicado desde La Habana.
Ambas realidades pueden limitar las operaciones de los emprendedores, aunque responden a políticas y objetivos distintos.
La contradicción política alrededor de los emprendedores
El Gobierno cubano presenta al sector privado como una pieza necesaria para recuperar una economía golpeada por la escasez, la inflación y la baja producción.
Sin embargo, mantiene un sistema en el cual el Estado determina qué actividades pueden realizarse libremente, cuáles necesitan autorización y cuáles permanecen prohibidas.
Esa realidad debilita el argumento oficial cuando La Habana presenta las dificultades del emprendimiento como consecuencia exclusiva de las decisiones estadounidenses.
Al mismo tiempo, la eliminación estadounidense de una autorización bancaria diseñada específicamente para emprendedores cubanos sí representa una restricción concreta para quienes utilizaban ese mecanismo.
OFAC confirma expresamente que la modificación entró en vigor este 30 de septiembre y afecta las cuentas contempladas por la autorización anterior.
Bruno Rodríguez también critica a Estados Unidos
Díaz-Canel no fue el único funcionario cubano que reaccionó al nuevo paquete.
El canciller Bruno Rodríguez también acusó a Washington de perjudicar tanto al sector estatal como al privado y de dificultar las reformas económicas anunciadas por La Habana.
Las declaraciones forman parte de una nueva confrontación entre ambos gobiernos alrededor de la responsabilidad por la crisis económica cubana.
La Habana atribuye una parte fundamental de sus dificultades a las sanciones estadounidenses. Washington, por su parte, ha justificado su política de presión mediante acusaciones relacionadas con represión, corrupción y violaciones de derechos humanos.
En medio de ese enfrentamiento quedan los ciudadanos y emprendedores cubanos. Ellos operan entre las restricciones externas de Estados Unidos y un modelo interno donde el Estado conserva amplios poderes sobre la actividad económica privada.
Las nuevas sanciones al sector privado cubano añaden ahora otra dificultad financiera. Pero tampoco eliminan una realidad esencial: el Gobierno cubano continúa controlando buena parte del espacio en el que esos negocios pueden desarrollarse.