Mercados de Barrio en crisis: cubanos denuncian precios inalcanzables mientras el MINCIN admite fallas en un programa que prometía aliviar el bolsillo

Los Mercados de Barrio vuelven a quedar bajo cuestionamiento en Cuba. El Ministerio de Comercio Interior reconoció problemas en el programa. Al mismo tiempo, numerosos cubanos aseguran que los precios siguen fuera del alcance de salarios y pensiones estatales.

La reacción llegó después de una reunión encabezada por Yosvany Pupo Otero, viceministro primero del MINCIN. El organismo reunió a directivos de Comercio, autoridades municipales y representantes del Partido para revisar las quejas acumuladas en La Habana. El propio ministerio habló de insatisfacciones y de la necesidad de corregir desviaciones.

Un programa presentado como alivio que vuelve a generar quejas

El Gobierno había promocionado esta modalidad como una alternativa para acercar productos básicos y venderlos a precios inferiores. Sin embargo, la experiencia reportada en varias provincias muestra una realidad muy distinta. En algunos establecimientos, los valores apenas se diferencian de los de negocios privados.

Ese contraste explica buena parte del malestar. Los cubanos no están comparando una promesa con una teoría económica. Están comparando los precios de una pizarra con el dinero que reciben cada mes. Y esa cuenta sigue sin cerrar para una parte enorme de la población.

El MINCIN insiste en que estos establecimientos deben funcionar bajo un concepto de comercio justo. Pero esa expresión pierde sentido cuando un trabajador puede gastar gran parte de su salario en unos pocos alimentos. La discusión no es solamente cuánto cuesta un producto frente a otro comercio. La pregunta central es cuánto puede comprar realmente una familia con sus ingresos.

El salario mínimo vuelve a dejar en evidencia la brecha

El salario mínimo vigente en Cuba es de 3,210 CUP mensuales. Esa cifra permite medir mejor el problema. En mercados abiertos recientemente se han documentado productos cuyo costo consume una parte enorme de ese ingreso.

En Placetas, una libra de leche en polvo se ofrecía a 1,900 CUP. Dos libras de pollo costaban 1,890 CUP. Comprar solamente esos dos productos supera el salario mínimo mensual. En Holguín, un cartón de huevos llegó a anunciarse en 3,500 CUP, también por encima de ese ingreso.

La situación desmonta cualquier intento de presentar estos precios como una solución amplia para el cubano de a pie. Puede existir mercancía en los estantes. También puede haber más variedad que en una bodega desabastecida. Pero disponibilidad no significa accesibilidad.

Las llamadas “desviaciones” aparecen después de poner en marcha el modelo

La palabra utilizada por las autoridades para describir los problemas vuelve a resultar conocida. Durante años, el Gobierno ha usado términos como distorsiones, desviaciones o errores de implementación. Así intenta explicar medidas que no producen los resultados anunciados.

El problema es que el diseño ya otorgaba amplios incentivos. La Resolución 16/2026 estableció las normas del programa y permitió la participación de actores estatales y no estatales. Además, existen beneficios fiscales y facilidades para operar determinados locales. Aun así, esas ventajas no se han traducido de forma clara en precios compatibles con los ingresos de la mayoría.

Los Mercados de Barrio llegaron a 62 establecimientos distribuidos en 12 provincias, según cifras divulgadas por el propio MINCIN. La expansión ocurrió mientras crecían las críticas por los precios. Los problemas ya eran visibles desde las primeras aperturas. Pese a ello, el modelo siguió ampliándose sin resolverlos primero.

El problema no se arregla con otra reunión

La reunión puede terminar en nuevas instrucciones, controles o llamados a revisar precios. Sin embargo, el problema es mucho más profundo. Cuba arrastra una producción insuficiente, una moneda debilitada, una inflación persistente y salarios con muy poca capacidad de compra.

El Gobierno también mantiene un sistema económico lleno de controles, autorizaciones y decisiones administrativas. Esa estructura eleva costos y limita la actividad productiva. Después, cuando el resultado llega al mostrador, intenta corregirlo con reuniones y fiscalizaciones.

Esa dinámica traslada la discusión hacia el último eslabón de la cadena, pero evita el problema de fondo. Pedir precios más bajos no basta. Toda la estructura económica opera con escasez, baja productividad y graves distorsiones monetarias.

Cambiar el nombre del comercio no cambia la realidad del bolsillo

El régimen puede presentar nuevos formatos comerciales, entregar locales a otros gestores y ofrecer incentivos fiscales. Pero ninguna de esas medidas resuelve por sí sola la crisis del poder adquisitivo.

Los salarios siguen muy por debajo del costo real de los alimentos. Por eso, cualquier programa que prometa precios “justos” tendrá que demostrarlo en la caja registradora. La propaganda oficial puede hablar de cercanía, transformación o perfeccionamiento. El cubano mide el resultado de otra forma: cuánto dinero lleva y cuánto puede llevarse a casa.

Por ahora, las críticas muestran que la promesa sigue chocando con la realidad. El MINCIN ya reconoce fallas. Los consumidores llevan semanas señalándolas. La diferencia principal sigue intacta. Los precios suben mucho más rápido que la capacidad de compra de quienes viven de un salario o una pensión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *