Miguel Díaz-Canel salió este lunes en defensa de Raúl Castro después de que Florida anunciara una orden de arresto contra el exgobernante cubano. La reacción de Díaz-Canel llegó pocas horas después de conocerse los nuevos cargos relacionados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
El gobernante cubano rechazó la decisión judicial y aseguró que responde a intereses políticos. En lugar de abordar las acusaciones sobre la muerte de cuatro personas, centró su mensaje en atacar a los políticos del sur de Florida.
La Fiscalía estatal acusa a Raúl Castro, de 95 años, de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Una jueza de Miami firmó la orden de arresto sin derecho a fianza.
Díaz-Canel llama «circo miamense» a la acusación contra Raúl Castro
A través de sus redes sociales, Díaz-Canel calificó la actuación de las autoridades estadounidenses de «repudiable». También describió el anuncio como un «patético circo miamense con trasfondo electoral».
El mandatario fue más lejos al asegurar que la medida «no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico».
En su publicación, acusó a políticos cubanoamericanos de utilizar los tribunales para atacar a Raúl Castro y al régimen de La Habana.
Sin embargo, la orden no procede simplemente de una declaración política. Una jueza del Undécimo Circuito Judicial de Florida autorizó la detención después de examinar los fundamentos presentados por las autoridades.
Esa diferencia resulta importante. Díaz-Canel puede cuestionar las motivaciones de la Fiscalía, pero sus declaraciones no invalidan una orden judicial vigente.
El régimen cubano responde con ataques contra Miami
La defensa de Raúl Castro no quedó limitada a Díaz-Canel. Otros funcionarios del régimen también reaccionaron contra las autoridades de Florida.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla utilizó la red social X para desacreditar la iniciativa judicial. Describió a determinados políticos cubanoamericanos como «parásitos» que engañan y estafan a sus seguidores.
Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó la actuación de maniobra con apariencia legal.
Las tres declaraciones siguieron una línea similar: presentar la acusación como una ofensiva política estadounidense contra Cuba.
Ninguno de esos ataques verbales modifica las pruebas que deberá evaluar la justicia. Tampoco responde por sí mismo a la cuestión central: quién autorizó el derribo de las aeronaves.
Cuatro hombres murieron en el derribo de Hermanos al Rescate
El origen del proceso judicial se remonta al 24 de febrero de 1996. Ese día, aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales.
Murieron Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, Pablo Morales y Carlos Costa. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
La organización realizaba operaciones de búsqueda de balseros cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el ataque formó parte de una operación preparada con información obtenida por agentes de inteligencia cubanos.
Raúl Castro ocupaba entonces el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La Fiscalía lo señala como uno de los principales responsables de la operación.
Casi treinta años después, las familias de las víctimas continúan reclamando justicia por aquellas cuatro muertes.
La orden de arresto contra Raúl Castro tiene efectos legales
La reacción de Díaz-Canel contrasta con las acciones emprendidas por Florida. El fiscal general James Uthmeier anunció una acusación estatal independiente del proceso federal abierto anteriormente.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan y no contempla la libertad bajo fianza.
Aunque Raúl Castro permanece en Cuba, el documento puede complicar sus viajes internacionales. Una posible detención dependería del país donde se encuentre y de los mecanismos legales aplicables.
Además, existe una diferencia importante entre ambos procedimientos. Un presidente estadounidense puede conceder indultos por delitos federales, pero no puede anular mediante ese poder una condena dictada bajo las leyes estatales de Florida.
Uthmeier destacó precisamente ese aspecto al explicar la importancia de mantener un expediente independiente.
Por tanto, la afirmación de Díaz-Canel sobre la supuesta falta de consecuencias prácticas no elimina los posibles efectos de la decisión judicial.
No es la primera vez que La Habana sale en defensa de Raúl Castro
La nueva reacción recuerda lo ocurrido en mayo, cuando el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos federales contra el exgobernante y otros cinco acusados.
Entonces, varios dirigentes cubanos rechazaron las acusaciones y organizaron una campaña pública en defensa de Raúl Castro.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz descalificó el procedimiento, mientras las principales instituciones del régimen expresaron su respaldo al antiguo mandatario.
Su hija, Mariela Castro Espín, también participó en una concentración frente a la Embajada estadounidense en La Habana.
Durante aquella movilización aseguró que nadie podría secuestrar a su padre. Sin embargo, Raúl Castro no apareció personalmente en el acto.
Ahora, cinco meses después, el régimen vuelve a responder con descalificaciones políticas ante una nueva acción judicial.
La defensa de Raúl Castro deja preguntas sin responder
La reacción de Díaz-Canel pone de manifiesto hasta qué punto el antiguo gobernante conserva respaldo dentro de la estructura política cubana.
Aunque abandonó la presidencia y la dirección formal del Partido Comunista, Raúl Castro sigue ocupando un lugar de enorme importancia simbólica para el régimen.
Resulta significativo que la respuesta oficial se concentre en cuestionar a Miami mientras evita profundizar en las responsabilidades individuales por el derribo.
Cuestionar la utilidad de una orden de arresto no equivale a demostrar la inocencia del acusado. Del mismo modo, una acusación formal tampoco constituye una sentencia condenatoria.
Será la justicia la encargada de determinar responsabilidades si el proceso llega a juicio.
Mientras tanto, las familias de Armando Alejandre, Mario de la Peña, Pablo Morales y Carlos Costa siguen sin ver a Raúl Castro ante un tribunal por aquellas muertes.
Díaz-Canel puede llamar «circo» a la actuación de Florida, pero las cuatro víctimas fueron reales. La nueva orden judicial demuestra que, treinta años después, las autoridades estadounidenses todavía buscan establecer responsabilidades por el derribo de Hermanos al Rescate.