Florida confirmó este lunes 19 de octubre una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de Hermanos al Rescate. El anuncio tuvo lugar durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami.
El fiscal general estatal, James Uthmeier, presentó la medida como un nuevo paso para exigir responsabilidades por la muerte de cuatro hombres en 1996. La decisión judicial abre un procedimiento estatal distinto de la acusación federal que Estados Unidos presentó en mayo.
Una jueza de Miami autorizó la captura sin fianza
La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, firmó la orden el viernes 16 de octubre. El documento atribuye a Castro una presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado.
La autorización judicial contempla una detención sin derecho a fianza. Sin embargo, no significa que las autoridades estadounidenses hayan capturado al exgobernante cubano ni que exista una fecha de juicio.
La investigación estatal sostiene que parte de la conspiración se desarrolló en Florida mediante actividades de inteligencia vinculadas al Gobierno cubano. Esa conexión territorial constituye un elemento central del expediente.
Uthmeier señala directamente a Raúl Castro
Durante su comparecencia, Uthmeier rechazó que el derribo de 1996 pudiera considerarse un accidente. Según explicó, los investigadores encontraron elementos que apuntan a una operación planificada y apoyada por agentes infiltrados.
El fiscal aseguró que esas personas transmitían información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate a las autoridades cubanas. También atribuyó a Raúl Castro la responsabilidad de ordenar la destrucción de las aeronaves.
Uthmeier reconoció que Castro no se encuentra en Florida y que su detención no resulta inmediata. Aun así, defendió la importancia de mantener abierta la vía penal y continuar las investigaciones.
Cuatro víctimas que no pueden quedar en el olvido
El 24 de febrero de 1996, cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Tres de los fallecidos tenían ciudadanía estadounidense. Morales era residente legal en Estados Unidos. La organización realizaba vuelos destinados a localizar y ayudar a cubanos que intentaban escapar de la isla por mar.
Las aeronaves fueron destruidas sobre aguas internacionales, según las conclusiones de investigaciones internacionales y las autoridades estadounidenses. El Gobierno cubano ha defendido históricamente otra versión sobre el espacio aéreo.
La tragedia sigue marcando a las familias y a la comunidad cubana de Miami. Treinta años después, sus nombres volvieron a ocupar un lugar central en una comparecencia pública.
La investigación apunta a una red de espionaje en Florida
Los documentos judiciales describen actividades de agentes cubanos infiltrados en organizaciones del exilio. Según la investigación, esos operativos aportaron datos sobre los vuelos y realizaron tareas de vigilancia en territorio de Florida.
Las autoridades consideran que la información facilitó la preparación del ataque. También señalan que la conspiración no puede examinarse únicamente como una operación militar ocurrida lejos de Estados Unidos.
Años después del derribo, el Gobierno cubano incluyó a Hermanos al Rescate entre las organizaciones señaladas en su lista nacional vinculada al terrorismo. Esa clasificación continúa reflejando el enfrentamiento entre La Habana y sectores del exilio.
La participación de agentes infiltrados ayuda a explicar por qué Florida decidió intervenir con sus propias herramientas judiciales. La medida no reemplaza el proceso federal, pero incorpora otra acusación dentro de una jurisdicción diferente.
La Fiscalía federal y la sheriff de Miami-Dade respaldan la investigación
En la conferencia también intervino Jason Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida. El funcionario destacó la cooperación entre las autoridades y el compromiso de mantener vigente la investigación.
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, recordó a las cuatro víctimas y defendió el trabajo conjunto con la Fiscalía estatal. También insistió en que el paso del tiempo no debía convertirse en una excusa para abandonar estos hechos.
Jeanette M. Nuñez, presidenta de FIU, abrió el encuentro y recordó la relación de la universidad con las familias afectadas. La institución mantiene iniciativas académicas vinculadas a la memoria de las víctimas y al futuro de Cuba.
¿Qué cambia realmente para Raúl Castro?
La decisión de Florida añade presión jurídica al exgobernante, pero no equivale a una condena. Las acusaciones deberán demostrarse ante un tribunal si las autoridades consiguen llevar adelante el proceso.
Castro ya figuraba entre los seis acusados en la causa federal anunciada el 20 de mayo de 2026. Ese expediente incluye cargos vinculados con homicidio, destrucción de aeronaves y conspiración para matar a estadounidenses.
La nueva actuación también puede tener consecuencias si Castro sale de Cuba y llega a un territorio dispuesto a colaborar con una solicitud de extradición. Esa posibilidad dependería de las leyes y decisiones de las autoridades correspondientes.
Por ahora, no existe información que confirme su arresto. La importancia de este anuncio reside en que Florida formalizó una actuación penal propia después de décadas de reclamos.
Un nuevo frente judicial para una figura histórica del régimen cubano
Aunque abandonó la presidencia y posteriormente la dirección del Partido Comunista, Raúl Castro ha continuado participando en actos oficiales.
En junio de 2025, por ejemplo, Raúl Castro reapareció junto a Díaz-Canel durante el ascenso del ministro del Interior, en medio de una creciente tensión social por las tarifas de ETECSA.
Su presencia en ceremonias militares demuestra que mantiene vínculos públicos con las principales estructuras de poder de la isla, incluso después de abandonar sus responsabilidades formales.
La orden de arresto representa ahora una nueva complicación para el exmandatario. Por primera vez en esta investigación estatal, una jueza de Florida ha autorizado formalmente su detención.
Treinta años después, las familias siguen esperando justicia
Para las familias de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, ninguna medida judicial puede recuperar las cuatro vidas perdidas.
Durante tres décadas, el derribo de Hermanos al Rescate ha permanecido como uno de los episodios más graves en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
El desafío será convertir esta orden judicial y las acusaciones existentes en actuaciones judiciales efectivas. La conferencia de Miami dejó clara la intención de las autoridades, aunque el desenlace continúa abierto.
La decisión también envía un mensaje sobre la posibilidad de investigar delitos graves después de muchos años. Sin embargo, la existencia de una orden no garantiza por sí sola que el acusado comparezca ante la justicia estadounidense.
Mientras Raúl Castro permanezca fuera del alcance de las autoridades, su detención continuará siendo una posibilidad legal pendiente de ejecución.
Lo que sí ha cambiado este 19 de octubre es que Florida dispone de una nueva actuación judicial contra el exgobernante. Las familias de las cuatro víctimas siguen esperando que las responsabilidades puedan determinarse definitivamente ante un tribunal.