La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila pidió hasta 13 años de prisión para 19 personas procesadas tras las protestas de Morón. Las manifestaciones ocurrieron el 13 de marzo y estuvieron marcadas por el creciente malestar ante los apagones y la escasez.
Entre los acusados aparecen varios adolescentes que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Las solicitudes fiscales van desde siete hasta trece años de cárcel. Los familiares cuestionan las pruebas y rechazan la aplicación del delito de sedición.
Las peticiones conocidas hasta ahora no constituyen condenas definitivas. Un tribunal deberá examinar las acusaciones, las pruebas y los argumentos de la defensa antes de dictar sentencia.
Fiscalía solicita penas de hasta 13 años
La petición más elevada corresponde a Hosuán Naranjo Chacón. Para él, la Fiscalía solicita 13 años de privación de libertad.
Para Brian Pérez Muñoz, de 28 años, y otros adultos incluidos en la causa, la solicitud llega a 12 años. En el caso de varios adolescentes, el Ministerio Público reclama siete años.
Christian de Jesús Crespo Álvarez, actualmente de 17 años, enfrenta una petición de ocho años. El joven tenía 16 años cuando ocurrieron las manifestaciones.
Las familias cuestionan las pruebas presentadas
Dayarmé Muñoz, madre de Brian Pérez Muñoz, reconoce que su hijo participó en la manifestación. Sin embargo, niega que existan pruebas de su participación en actos violentos.
Según explicó a Martí Noticias, Brian llegó cuando la situación frente a la sede municipal del Partido Comunista ya estaba alterada. La madre sostiene que no demostraron que lanzara piedras, incendiara objetos o entrara al edificio.
Brian permanece bajo prisión provisional. Su familia asegura que las autoridades rechazaron cuatro solicitudes para modificar esa medida y también desestimaron una queja.
Ocho años solicitados para Christian de Jesús Crespo
Christian de Jesús Crespo fue detenido cinco días después de las manifestaciones. Tenía 16 años en ese momento y continúa vinculado al proceso penal.
Su madre, Marielkis Álvarez, afirma que las pruebas periciales practicadas al adolescente dieron resultados negativos. Mencionó exámenes de huellas dactilares, calzado y olor.
La familia también cuestiona una grabación utilizada para identificarlo. Según su versión, el rostro del joven no puede distinguirse claramente en esas imágenes.
Álvarez sostiene que los investigadores lo identificaron por su estatura y un tatuaje. La familia considera insuficientes esos elementos para vincularlo con los daños investigados.
Jonathan David Muir enfrenta una petición de siete años
Jonathan David Muir Burgos también tenía 16 años cuando fue detenido el 16 de marzo. Permaneció más de tres meses privado de libertad.
Durante parte de ese periodo estuvo recluido en la prisión de adultos de Canaleta, en Ciego de Ávila. Su situación provocó denuncias de organizaciones internacionales.
Amnistía Internacional reclamó su liberación y cuestionó que un adolescente permaneciera recluido junto a adultos. La organización también expresó preocupación por su seguridad y estado de salud.
Jonathan fue excarcelado el 24 de junio y regresó con su familia. Sin embargo, el procedimiento penal continuó abierto y ahora enfrenta una solicitud de siete años.
Una protesta nacida entre apagones y escasez
La noche del 13 de marzo, cientos de vecinos salieron a las calles de Morón. Protestaron contra los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de sus condiciones de vida.
Los manifestantes recorrieron varias calles mientras golpeaban calderos. También gritaron consignas como “Libertad” y “Patria y Vida”.
La concentración avanzó primero hacia una unidad policial y después hacia la sede municipal del Partido Comunista. Las conclusiones provisionales sitúan en más de 800 el número de participantes.
Durante los incidentes hubo lanzamiento de piedras y daños en el inmueble partidista. También sacaron objetos del edificio y algunos terminaron quemados en la calle.
La propia cobertura de aquella noche mostró una protesta que comenzó alrededor de demandas relacionadas con la vida cotidiana. Después, la situación escaló frente a instalaciones estatales.
Determinar la responsabilidad individual será decisivo
Los daños ocurridos aquella noche forman parte del expediente. Sin embargo, el proceso deberá establecer qué conducta concreta corresponde a cada acusado.
La presencia de una persona dentro de una manifestación no demuestra automáticamente su participación en cada hecho ocurrido durante esa protesta.
Ese aspecto resulta especialmente importante cuando existen adolescentes entre los procesados. También adquiere relevancia ante las denuncias familiares sobre pruebas negativas o identificaciones discutidas.
La justicia deberá diferenciar entre quienes protestaron, quienes presuntamente causaron daños y quienes participaron de otras maneras. Esa distinción resulta fundamental para evaluar responsabilidades individuales.
Las peticiones fiscales todavía no son condenas
La Fiscalía ya presentó sus solicitudes, pero todavía falta la decisión del tribunal. Las penas de siete, ocho, doce y trece años siguen siendo peticiones fiscales.
El proceso llega siete meses después de las manifestaciones. Varias familias continúan cuestionando las acusaciones y reclamando medidas menos severas para sus allegados.
Las protestas de Morón comenzaron como una expresión de descontento ante problemas que afectan diariamente a la población cubana.
Ahora el proceso judicial abre otra discusión. El foco ya no está solamente en lo ocurrido aquella noche, sino también en las pruebas contra cada procesado.
La presencia de adolescentes y la magnitud de las penas solicitadas aumentan el escrutinio sobre el caso. El juicio deberá determinar responsabilidades concretas y responder a los cuestionamientos planteados por las familias.