Cuba amplía los llamados mercados de barrio, una fórmula que entrega la gestión de bodegas, carnicerías y otros locales estatales a actores económicos. El Gobierno presenta el proyecto como una vía para acercar alimentos y productos de aseo a la población. También promete precios inferiores a los de otros comercios.
La cifra inicial no está clara. Marpessa Portal de Villiers, funcionaria del Ministerio de Comercio Interior, habló de 30 establecimientos en la televisión estatal. Sin embargo, Granma informó que existen 24 unidades. La diferencia no fue explicada públicamente.
El proyecto llega en medio de una crisis prolongada de abastecimiento. Muchos locales estatales funcionan con poca oferta o permanecen prácticamente vacíos. Ahora las autoridades buscan que mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y otros actores administren parte de esa red.
El Estado mantiene los locales, pero otros asumirán la gestión
El nuevo esquema no privatiza los inmuebles. El Estado conserva la propiedad y entrega la administración mediante contratos. Los gestores seleccionados deberán encargarse de la comercialización y podrán incorporar trabajadores para operar los establecimientos.
El Ministerio de Comercio Interior ofrece incentivos para atraer participantes. Entre ellos figura una bonificación del 5% en el impuesto sobre ventas. También contempla exoneraciones para determinadas operaciones mayoristas con entidades del sistema estatal de comercio.
Otro beneficio afecta el alquiler. Los operadores podrán quedar exentos del pago de arrendamiento durante los primeros dos años. Esa ventaja busca reducir los costos iniciales y facilitar la entrada de gestores no estatales.
Prometen alimentos básicos y rebajas de precios
La lista oficial incluye arroz, azúcar, granos, leche en polvo, pollo, huevos, aceite, café, harina, pastas y conservas. También aparecen detergente, jabón, papel sanitario, desodorante y crema dental.
Las autoridades aseguran que los precios serán más bajos. Sin embargo, tampoco existe una cifra única en la comunicación oficial. Granma habló de reducciones entre 10% y 15%. Portal de Villiers mencionó rebajas que podrían ubicarse entre 15% y 30%.
Esa diferencia importa porque el precio será uno de los principales criterios para medir el programa. Una reducción porcentual puede resultar insuficiente si el valor de partida sigue muy por encima de los ingresos de muchas familias.
El abastecimiento será la prueba decisiva
Los mercados de barrio no resolverán el problema solamente por cambiar quién administra un local. Para funcionar necesitan mercancías constantes, proveedores, transporte, energía y capacidad de reposición.
La propia información oficial reconoce que el proyecto busca cubrir parte del déficit de productos antes vinculados a la canasta básica. Esa admisión muestra que el problema va más allá de la administración de bodegas y carnicerías.
El Gobierno puede reducir impuestos y ofrecer alquileres gratuitos. Sin embargo, esas medidas no crean por sí mismas arroz, pollo, leche o aceite. El resultado dependerá de la capacidad real para producir, importar y distribuir mercancías.
La participación privada crece dentro de una estructura estatal
El modelo encaja con otras decisiones recientes. En Cienfuegos se entregó a gestores privados la administración de decenas de carnicerías. En Ciego de Ávila y Santa Clara también se impulsaron licitaciones para locales comerciales.
La tendencia muestra una mayor participación de actores no estatales en actividades que antes gestionaba directamente el aparato público. Aun así, el Estado conserva la propiedad de los inmuebles y fija las condiciones generales del sistema.
Esa combinación crea una relación particular. El sector privado asume una parte de la operación comercial, pero trabaja dentro de una infraestructura y un marco regulatorio controlados por el Gobierno.
El cambio de administrador no garantiza comida más barata
El éxito del programa debe medirse con resultados concretos. Importa saber si los productos estarán disponibles de manera estable. También importa comprobar si los precios realmente resultan accesibles para quienes cobran en pesos cubanos.
Hasta ahora, las autoridades han detallado incentivos fiscales, productos previstos y mecanismos de gestión. No han presentado un volumen nacional garantizado de mercancías para sostener la nueva red.
Tampoco basta con comparar estos precios con otros mercados. Una rebaja de 15% o 30% puede parecer significativa sobre el papel. Pero el dato decisivo será cuánto representa esa compra frente al salario o la pensión de una familia.
La creación de estos establecimientos puede ampliar opciones de venta y aprovechar locales subutilizados. Eso no elimina las preguntas sobre producción, abastecimiento y poder adquisitivo.
Cuba lleva años aplicando cambios parciales para reorganizar el comercio y ampliar el papel de actores privados. Este nuevo modelo deberá demostrar si puede transformar locales vacíos en puntos de venta estables.
La prueba no estará en el nombre del programa. Estará en los estantes, en los precios y en la capacidad de los cubanos para comprar lo que necesitan.