La apertura de un nuevo comercio estatal en Matanzas volvió a levantar la misma pregunta que se repite en toda Cuba: ¿para quién son realmente estos mercados? Los precios en Cárdenas han provocado indignación porque muchos vecinos no encuentran una diferencia clara frente a las mipymes.
El establecimiento comenzó a funcionar en la calle Real esquina Industria, en el antiguo local conocido como El Cerdito. La iniciativa fue presentada como parte de los llamados mercados de barrio, una modalidad que el Gobierno promociona como alternativa para acercar productos a la población.
Un mercado nuevo, pero con precios que ya conocen los cubanos
La reacción cambió rápidamente cuando comenzaron a circular imágenes de la pizarra con los precios. La libra de pollo aparece a 800 pesos, mientras la pechuga alcanza los 900. El lomo se vende a 1,850 pesos y el arroz cuesta 390 pesos.
La lista continúa con cifras difíciles para cualquier trabajador que dependa de un salario estatal. El aceite cuesta 2,900 pesos. La pasta de tomate llega a 1,800. El azúcar y el café aparecen a 1,200 pesos cada uno. Una libra de harina alcanza los 1,000 pesos.
Los precios en Cárdenas explican por qué muchos residentes reaccionaron con molestia. No cuestionan solamente que los productos sean caros. También cuestionan que una iniciativa presentada como solución repita valores similares, e incluso superiores, a los del sector privado.
“El mismo perro con diferente collar”
Entre los comentarios difundidos en redes sociales apareció una frase que resume la decepción: “el mismo perro con diferente collar”. Otros usuarios señalaron que los precios son iguales o peores que los de los negocios particulares.
La crítica toca un punto central. Cambiar el nombre del establecimiento no aumenta el poder adquisitivo de una familia. Tampoco convierte un producto caro en accesible por el simple hecho de venderlo dentro de un local estatal.
Durante años, el discurso oficial ha señalado los elevados precios del sector privado como uno de los grandes problemas para los consumidores. Ahora el propio sistema impulsa mercados administrados bajo nuevas fórmulas, pero los cubanos siguen encontrando cifras que sus salarios no permiten sostener.
El problema no es solamente dónde comprar
Los mercados de barrio fueron presentados como una vía para acercar alimentos y artículos básicos a las comunidades. Sin embargo, acercar un producto no sirve de mucho cuando una gran parte de la población no puede pagarlo.
Un mercado puede estar limpio, abastecido y situado a pocas cuadras de una vivienda. Eso no resuelve el problema si comprar aceite, arroz, pollo, café o azúcar consume una parte enorme del ingreso mensual.
Esa contradicción aparece también en otras provincias. En Guantánamo, funcionarios defendieron la expansión de estos establecimientos mientras consumidores denunciaron precios fuera de su alcance. En Granma, vecinos hicieron cálculos similares después de revisar las pizarras de venta.
La promesa oficial choca con la realidad
El Gobierno había presentado estos comercios como una opción capaz de vender determinados productos por debajo de otros mercados. La expectativa era sencilla: aprovechar locales estatales, incorporar diferentes actores económicos y reducir costos para el consumidor.
Sin embargo, los primeros ejemplos están generando más dudas que entusiasmo. En varias aperturas, la diferencia de precios ha resultado insuficiente para familias que ya destinan casi todos sus ingresos a comida, transporte y necesidades básicas.
La propia estructura del programa también merece atención. Los establecimientos siguen formando parte de una red bajo control estatal, aunque su gestión pueda involucrar empresas, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y otros actores autorizados.
Eso explica parte del nuevo modelo, pero no responde la pregunta principal del consumidor: ¿cuánto puede comprar realmente con su salario?
Salarios que no alcanzan frente a una economía cada vez más cara
La crisis del poder adquisitivo lleva años golpeando a los cubanos. Los precios de los alimentos suben mucho más rápido que la capacidad de compra de salarios y pensiones. Cada nueva pizarra termina mostrando esa distancia.
Cuando una botella de aceite cuesta miles de pesos y una libra de carne puede consumir una parte importante del sueldo, el problema deja de ser comercial. Se convierte en una crisis de ingresos, producción y acceso a los alimentos.
Por eso, la discusión sobre los precios en Cárdenas va mucho más allá de un establecimiento en Matanzas. Refleja una realidad nacional en la que el Gobierno anuncia nuevas fórmulas, pero los bolsillos siguen sin notar una mejoría.
Un cambio de nombre no resuelve la crisis
El régimen puede abrir mercados, cambiar administradores y presentar nuevas modalidades comerciales. También puede llenar la televisión de recorridos, inauguraciones y explicaciones. Nada de eso sustituye un resultado concreto.
Los cubanos necesitan poder comprar comida con el dinero que ganan trabajando. Necesitan precios compatibles con sus ingresos y una oferta estable. No necesitan otra etiqueta para venderles los mismos productos a cifras que continúan fuera de su alcance.
La reacción en Cárdenas deja una advertencia clara. La población ya no mide estas iniciativas por el nombre, la pintura del local o el discurso oficial. Las mide por lo que cuesta llenar una bolsa.
Y mientras el salario siga perdiendo frente a los precios, cualquier “mercado de barrio” corre el riesgo de convertirse en lo que muchos vecinos ya describieron: el mismo problema, con otro collar.