Los cubanos que viven fuera del país y mantienen una propiedad en la Isla tendrán nuevas obligaciones desde el 21 de octubre. La Ley de Vivienda aprobada en 2026 introduce reglas sobre conservación, representación y abandono de inmuebles.
La Ley 187 fue publicada este 14 de octubre en la Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria. La norma sustituye la legislación de 1988 y cambia varias reglas relacionadas con la propiedad inmobiliaria.
Uno de los puntos que más preocupa a los emigrados es qué ocurrirá con una vivienda que permanece cerrada durante largos períodos. La respuesta requiere distinguir entre una casa desocupada y una propiedad realmente abandonada y deteriorada.
Emigrar no significa perder automáticamente la propiedad
Salir de Cuba y residir permanentemente en otro país no provoca por sí solo la pérdida de una vivienda bajo esta nueva norma.
La legislación no establece que una casa pase automáticamente al Estado porque su propietario viva en Estados Unidos, España u otro país.
Sin embargo, mantener la propiedad implica cumplir determinadas obligaciones. El dueño deberá conservar el inmueble y atender los deberes legales relacionados con este.
El artículo 139 establece que los propietarios deben realizar las reparaciones necesarias para preservar la vivienda y garantizar su seguridad.
También deben cumplir con los pagos y tributos correspondientes. En edificios de apartamentos, deberán contribuir económicamente al mantenimiento y conservación de las áreas comunes.
Estas obligaciones pueden adquirir especial importancia para quienes llevan años fuera de Cuba y mantienen una casa vacía o bajo el cuidado de familiares.
El propietario ausente deberá dejar un representante
Otro cambio importante aparece en el artículo 139.3.
La disposición señala que el propietario que pretenda ausentarse debe nombrar a una persona que pueda representarlo ante determinadas situaciones.
Ese representante podrá actuar durante emergencias sanitarias, procedimientos administrativos, procesos judiciales u otros asuntos vinculados con la propiedad.
Cuando se trate de apartamentos bajo el régimen de propiedad horizontal, también podrá encargarse del cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
La norma no fija en ese artículo un número determinado de meses o años para considerar que existe una ausencia prolongada.
Tampoco establece expresamente que cada propietario deba otorgar siempre un poder notarial específico. La forma concreta de representación dependerá del trámite que deba realizarse.
Para los cubanos residentes en el exterior, este punto merece especial atención. Dejar una casa durante años sin una persona capaz de atender problemas administrativos puede generar dificultades que antes muchos propietarios ignoraban.
Una vivienda cerrada no es lo mismo que una vivienda abandonada
La Ley de Vivienda tampoco permite afirmar que el Estado podrá apropiarse de cualquier casa cerrada.
El artículo 139.2 se refiere específicamente a viviendas deshabitadas permanentemente que presenten falta de seguridad, protección, limpieza o mantenimiento.
La norma también menciona el deterioro de elementos estructurales y las afectaciones al entorno.
Esto significa que una propiedad vacía, pero protegida y conservada, no entra automáticamente en esa descripción.
El problema aumenta cuando el inmueble queda abandonado, comienza a deteriorarse y termina declarado en estado de ruina.
Ahí aparece una de las disposiciones más sensibles de la nueva legislación.
El Estado puede solicitar la pérdida de la propiedad en determinadas condiciones
El artículo 141 contempla una vía para retirar el derecho de propiedad cuando una vivienda termina en ruina como consecuencia del abandono.
Primero, el propietario debe tener la oportunidad de adoptar medidas destinadas a recuperar el valor de uso del inmueble.
Si no lo hace, la Dirección Municipal de la Vivienda puede acudir al tribunal competente y solicitar la pérdida del derecho por abandono.
Por tanto, la administración municipal no puede simplemente declarar que una casa pertenece al Estado porque permanezca cerrada.
La decisión sobre la pérdida del derecho requiere un procedimiento judicial.
Si el tribunal acepta la solicitud, la vivienda podría quedar disponible para que el Consejo de la Administración Municipal la asigne posteriormente.
Para un emigrado, la diferencia es importante. Vivir fuera no constituye por sí solo el motivo de la pérdida. El deterioro, el abandono y la falta de actuación ante una situación de ruina sí pueden abrir ese procedimiento.
¿Puede un familiar quedarse con la casa del emigrado?
Este punto también necesita precisión.
La disposición transitoria cuarta incluye determinados supuestos relacionados con propietarios que fueron declarados emigrados bajo normas anteriores.
La norma permite considerar ocupantes legítimos a ciertos cónyuges, parejas reconocidas, excónyuges y familiares.
Sin embargo, deben cumplirse requisitos específicos.
Entre ellos aparece haber residido en la vivienda durante al menos cinco años antes de la salida del propietario y no tener otra vivienda.
La disposición habla expresamente de titulares declarados emigrados al amparo de normas anteriores.
Por eso, no significa que un familiar que ahora comienza a cuidar una casa pueda reclamarla cinco años después únicamente porque el propietario vive fuera.
Tampoco significa que cuidar la propiedad convierta automáticamente a esa persona en dueña.
Cada situación dependerá de los antecedentes legales, la documentación existente y la relación del ocupante con el inmueble.
Los propietarios en el exterior tendrán que prestar más atención
La nueva legislación aumenta la importancia de mantener actualizados los documentos de una vivienda.
La norma obliga a inscribir en el Registro Central de la Propiedad los documentos que acrediten titularidad, transmisiones de dominio, cargas y modificaciones constructivas.
Eso puede resultar especialmente complicado para quienes emigraron hace años y dejaron propiedades con trámites pendientes.
La recomendación práctica es clara: revisar el título, comprobar el estado registral, mantener la vivienda y definir quién podrá atender problemas mientras el propietario permanezca fuera.
También conviene documentar cualquier acuerdo mediante el cual un familiar permanezca viviendo en el inmueble.
La Ley 187 no establece una confiscación automática por emigrar. Sin embargo, sí impone responsabilidades que pueden tener consecuencias importantes cuando una propiedad queda completamente desatendida.
En un país donde numerosos inmuebles presentan un fuerte deterioro, la diferencia entre una vivienda simplemente cerrada y otra considerada abandonada puede convertirse en una cuestión decisiva.
Para los cubanos que conservan una casa en la Isla, marcharse del país ya no debería significar olvidarse de la situación jurídica y física de esa propiedad.
La Ley de Vivienda entrará en vigor el 21 de octubre, siete días después de su publicación oficial. Sus efectos reales dependerán también de cómo las autoridades municipales y los tribunales apliquen estas nuevas disposiciones.
La publicación oficial confirma que el artículo 139 obliga a conservar los inmuebles, pagar tributos y nombrar representante cuando el titular pretenda ausentarse. El artículo 141 exige un procedimiento ante el tribunal para retirar derechos por abandono y ruina. La disposición transitoria cuarta se refiere específicamente a propietarios declarados emigrados bajo normas anteriores y exige requisitos adicionales para reconocer determinados ocupantes.