El caso del Spiderman cubano vuelve a colocar bajo cuestionamiento el uso de la prisión provisional contra ciudadanos críticos en Cuba. Javier Ernesto Martín Gutiérrez enfrenta ahora dos nuevas acusaciones, mientras continúa encarcelado desde abril sin fecha de juicio.
En paralelo, el rapero Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-Libre, sigue preso en La Habana. Su familia denuncia problemas de salud y otra negativa de las autoridades a modificar la medida cautelar.
Nuevos cargos contra Javier Martín Gutiérrez
Martín Gutiérrez fue detenido el 24 de abril después de protestar desde el balcón de su vivienda en Marianao. Durante varios días criticó los apagones, la crisis económica y el deterioro social que golpea a la población.
El deportista, conocido por su trayectoria en artes marciales mixtas, fue acusado inicialmente de desórdenes públicos. Ahora las autoridades agregaron desacato y propaganda contra el orden constitucional.
Su pareja, Lisandra Cuza, explicó que la defensa conoció esas nuevas imputaciones mediante un documento judicial recibido en septiembre. El texto también notificaba el rechazo de una solicitud de control judicial.
El detalle más polémico está en la acusación de desacato. Según Cuza, ese cargo había sido retirado anteriormente por falta de elementos para sostenerlo.
La defensa denuncia trabas para revisar el expediente
El abogado de Martín Gutiérrez tampoco habría podido consultar el expediente completo. Según la denuncia familiar, acudió a Villa Marista para revisarlo, pero no recibió acceso.
La respuesta recibida indicaba que el expediente se encontraba en el tribunal. Esa situación aumenta las dudas sobre las posibilidades reales de preparar una defensa con todas las garantías.
El Spiderman cubano permanece recluido en el Combinado del Este. Desde su arresto, familiares y activistas han denunciado irregularidades durante el proceso.
También denunciaron violencia durante la detención. Martín Gutiérrez habría sido golpeado por agentes antes de pasar por varias dependencias policiales y de la Seguridad del Estado.
Meses detenido sin fecha para enfrentar un tribunal
La prisión provisional debería responder a necesidades concretas del proceso penal. Sin embargo, cuando se prolonga durante meses, puede convertirse en una forma de castigo antes de una sentencia.
Ese problema resulta todavía más grave cuando el acusado permanece sin fecha de juicio. También preocupa cuando la defensa denuncia obstáculos para revisar la documentación del caso.
En este proceso, las nuevas acusaciones aparecen después de varios meses de encarcelamiento. Esa secuencia alimenta la percepción de un expediente que se amplía mientras el acusado continúa bajo custodia estatal.
La protesta de Martín Gutiérrez nació por problemas cotidianos que afectan a millones de cubanos. Los apagones, la falta de alimentos y el deterioro económico forman parte del malestar acumulado en la Isla.
MC K-Libre continúa preso y con problemas de salud
La situación de MC K-Libre también genera preocupación. El rapero permanece en la prisión 1580, en La Habana, sin que se haya fijado una fecha para su juicio.
Su familia ha informado que padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes tipo 1. En septiembre también trascendieron episodios de hipertensión durante su encarcelamiento.
La defensa presentó una nueva solicitud para cambiar la medida cautelar. Las autoridades volvieron a rechazarla, según informó el músico Raudel Collazo, conocido como Escuadrón Patriota.
Matos fue detenido el 25 de junio después de acudir a una citación policial en Siboney. Su esposa aseguró que no le mostraron una orden de arresto antes de trasladarlo.
Las autoridades lo relacionan con protestas y cacerolazos ocurridos en el reparto Barbosa. Su familia niega que haya organizado o provocado esas manifestaciones.
Dos procesos que reflejan un problema mucho mayor
Los casos de Martín Gutiérrez y MC K-Libre tienen elementos diferentes. Sin embargo, ambos comparten una característica central: meses de prisión provisional mientras sus familias reclaman garantías y transparencia.
También tienen otro punto en común. Los dos habían expresado críticas públicas contra el sistema cubano antes de terminar tras las rejas.
La ampliación de cargos contra un acusado y la negativa reiterada a modificar medidas cautelares merecen escrutinio público. El Estado controla la investigación, la Fiscalía, las prisiones y el acceso al proceso.
Por eso, cualquier obstáculo a la defensa adquiere una dimensión mayor. La ausencia de contrapesos independientes deja a las familias con pocas vías para exigir respuestas.
Un balance de Prisoners Defenders con corte al 1 de octubre situó en 1,372 la cantidad de presos políticos en Cuba. Entre ellos figuraban personas detenidas siendo menores de edad y 158 mujeres.
La cifra ofrece un contexto preocupante para estos dos procesos. No se trata solamente de expedientes individuales, sino de una tendencia represiva que continúa creciendo.
Mientras no existan fechas de juicio y garantías procesales claras, la prisión provisional seguirá funcionando como una condena anticipada. En Cuba, expresar inconformidad continúa teniendo consecuencias que pueden durar meses o años.