La votación ONU Cuba prevista para finales de octubre abrió un nuevo enfrentamiento entre La Habana y Washington. Bruno Rodríguez acusó a Marco Rubio de presionar a otros gobiernos para reducir el respaldo internacional a la resolución cubana contra el embargo estadounidense.
El canciller cubano afirmó este miércoles que el secretario de Estado está ejerciendo presión sobre jefes de Estado y de Gobierno. Según Rodríguez, Washington intenta conseguir que varios países cambien su posición antes de la sesión de la Asamblea General.
La acusación apareció después de conocerse una llamada entre Rubio y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El Departamento de Estado confirmó que Cuba formó parte de esa conversación.
Rubio lleva el tema cubano a sus conversaciones regionales
Durante la llamada, Rubio sostuvo que el Gobierno cubano no realizará las reformas que Washington considera necesarias mientras crea que mantiene respaldo suficiente de la comunidad internacional.
El secretario de Estado también pidió a El Salvador trabajar junto a Estados Unidos y otros socios en prioridades compartidas dentro de Naciones Unidas.
Sin embargo, el comunicado estadounidense no señala que Bukele aceptara modificar el voto de El Salvador. Tampoco anuncia un compromiso salvadoreño específico sobre la próxima resolución cubana.
Esa diferencia resulta importante. La existencia de gestiones diplomáticas está confirmada, pero la acusación de “chantaje” pertenece a Bruno Rodríguez y no ha sido acompañada públicamente por pruebas de amenazas concretas contra los gobiernos involucrados.
Bruno Rodríguez responde con fuertes acusaciones
Rodríguez aseguró que Rubio está “presionando y chantajeando” a dirigentes extranjeros ante lo que considera una nueva derrota estadounidense en Naciones Unidas.
También volvió a describir las sanciones de Washington como un “castigo colectivo” contra la población cubana. Ese argumento ocupa desde hace décadas un lugar central en la estrategia diplomática de La Habana.
Estados Unidos presenta una interpretación diferente. Washington sostiene que el respaldo internacional al Gobierno cubano reduce la presión para realizar cambios políticos y económicos dentro de la isla.
El enfrentamiento, por tanto, supera la discusión económica sobre el embargo. Ambos gobiernos buscan influir sobre cómo otros países interpretan la crisis cubana y sus causas.
El respaldo a Cuba cayó en la votación de 2025
La evolución de las últimas votaciones aporta otro elemento al conflicto.
En octubre de 2024, la resolución que reclamaba el fin del embargo recibió 187 votos favorables, dos en contra y una abstención.
Un año después, el respaldo cayó a 165 votos. Siete países votaron en contra y 12 se abstuvieron.
Entre los países que rechazaron el texto en 2025 estuvo Argentina, que cambió la posición que había mantenido anteriormente y se alineó con Estados Unidos en esa votación.
La caída de 22 votos favorables entre 2024 y 2025 constituye un cambio significativo. Sin embargo, no demuestra por sí sola que todos esos cambios respondieran exclusivamente a presiones estadounidenses.
Cada gobierno mantiene sus propios intereses diplomáticos y puede modificar su posición por diferentes razones.
La votación extraordinaria de julio fue diferente
También conviene distinguir la votación anual de otro episodio ocurrido en julio de 2026.
Cuba pidió entonces reabrir el tema del embargo para celebrar un debate extraordinario en la Asamblea General. La decisión procedimental recibió 136 votos favorables y nueve en contra.
Aquella votación no levantaba el embargo ni aprobaba una nueva resolución contra las sanciones. Solo permitía volver a discutir el asunto antes de la sesión anual.
Esa diferencia evita comparar como si fueran idénticos dos procesos distintos dentro de Naciones Unidas.
La votación ONU Cuba de octubre sí permitirá medir nuevamente cuánto respaldo mantiene La Habana para su resolución anual.
Opositores cubanos también hacen campaña ante otros gobiernos
La presión diplomática no procede únicamente de Washington.
Más de 550 opositores, activistas, familiares de presos políticos y organizaciones cubanas firmaron recientemente una petición dirigida a gobiernos democráticos.
El documento les solicita votar contra la resolución presentada por La Habana o, como mínimo, abstenerse.
Entre los firmantes aparecen José Daniel Ferrer, Orlando Gutiérrez-Boronat y Jorge Luis García Pérez “Antúnez”. También participan activistas y presos políticos residentes dentro de Cuba.
Los promotores sostienen que cada voto favorable permite al Gobierno cubano presentar el resultado como un respaldo político internacional que va mucho más allá de la discusión específica sobre las sanciones.
La Habana sostiene exactamente lo contrario. Afirma que la resolución busca defender a la población frente a los efectos económicos de las restricciones estadounidenses.
Una batalla diplomática que no cambia automáticamente el embargo
La resolución de Naciones Unidas tiene un fuerte significado diplomático, pero no posee carácter vinculante.
Una victoria de Cuba en la Asamblea General no obliga jurídicamente a Estados Unidos a eliminar las sanciones. De la misma manera, una reducción de votos tampoco modifica automáticamente la legislación estadounidense.
El resultado sirve principalmente para medir las posiciones internacionales alrededor de una disputa que permanece abierta desde hace más de seis décadas.
Por eso, las próximas dos semanas estarán marcadas por gestiones diplomáticas de ambos lados.
Washington intentará convencer a más gobiernos de distanciarse de La Habana. El Gobierno cubano buscará recuperar apoyos y presentar cualquier mayoría favorable como un rechazo internacional a la política estadounidense.
La acusación de Bruno Rodríguez contra Rubio confirma que esa batalla ya comenzó. Lo que todavía queda por conocer es cuántos gobiernos cambiarán realmente su voto cuando la resolución llegue nuevamente a la Asamblea General.