El Gobierno de Pedro Sánchez reconoció oficialmente los contratos con PALCO, una empresa estatal cubana encargada de suministrar personal a representaciones diplomáticas españolas en La Habana.
Los acuerdos relacionados con esta entidad superan en conjunto los 1,6 millones de euros. Parte del dinero público español termina en una empresa controlada por el Estado cubano, que actúa como intermediaria obligatoria para contratar trabajadores locales.
La confirmación llegó mediante una respuesta parlamentaria después de que diputados del Partido Popular preguntaran al Ejecutivo español por estas operaciones y por el papel de PALCO dentro del Consulado General de España en La Habana.
España defiende la contratación mediante PALCO
El Gobierno español sostiene que no podía contratar directamente a los trabajadores cubanos. Según explicó, las normas vigentes en Cuba obligan a las representaciones diplomáticas extranjeras a recurrir a determinadas empresas estatales para emplear personal local.
PALCO ocupa precisamente esa posición. La entidad está subordinada al Consejo de Ministros de Cuba y presta diferentes servicios a organismos gubernamentales, empresas y representaciones extranjeras.
El Ejecutivo de Sánchez argumentó además que el procedimiento utilizado cumplió con la legislación española de contratación pública. Sin embargo, esa explicación legal no elimina uno de los puntos centrales de la controversia: el Estado cubano controla el intermediario que proporciona a los trabajadores.
Más de 1,6 millones de euros vinculados a PALCO
El mayor de los acuerdos alcanza los 1.131.295,68 euros. El expediente corresponde al suministro de personal de oficina y doméstico para el Consulado General de España en La Habana.
PALCO fue el único licitador en ese procedimiento. El acuerdo contempla servicios hasta finales de 2028.
Otro contrato destinó 242.743 euros al suministro de trabajadores para la Embajada de España en Cuba. A esas cantidades se suma un acuerdo anterior de aproximadamente 228.000 euros relacionado con el alquiler de un inmueble.
En conjunto, las operaciones superan los 1,6 millones de euros.
La contratación permitió incorporar decenas de auxiliares para enfrentar el enorme volumen de trámites generado por la Ley de Memoria Democrática, conocida entre muchos cubanos como Ley de Nietos.
Hasta julio, Cuba había acumulado más de 350.000 solicitudes de nacionalidad española vinculadas a este procedimiento. Esa avalancha convirtió al Consulado de España en La Habana en una de las oficinas con mayor presión administrativa.
PALCO cobra más de lo que reciben los trabajadores
Uno de los elementos que más cuestionamientos provoca está relacionado con el dinero destinado a cada empleado.
España pagaba a PALCO entre 205 y 210 euros mensuales por trabajador. Sin embargo, los empleados recibían aproximadamente entre 133 y 135 euros.
La diferencia podía rondar entre 70 y 77 euros mensuales por persona. Ese dinero no llegaba directamente al trabajador, sino que permanecía dentro del mecanismo de intermediación gestionado por PALCO.
Este modelo no resulta extraño dentro del sistema laboral cubano. Durante décadas, el Estado ha utilizado empresas intermediarias para controlar determinadas relaciones laborales entre ciudadanos cubanos y entidades extranjeras.
En la práctica, los contratos con PALCO muestran nuevamente una característica conocida del modelo económico de la isla: una entidad estatal se coloca entre el trabajador y quien realmente paga por sus servicios.
España puede argumentar que cumple las reglas impuestas en territorio cubano. Sin embargo, esas mismas reglas son precisamente las que impiden una relación laboral directa y permiten que el aparato estatal obtenga ingresos mediante la contratación de trabajadores.
España niega que PALCO decida sobre las nacionalidades
Otro punto sensible está relacionado con las funciones que desempeña el personal contratado.
El Gobierno español aseguró que los trabajadores proporcionados por PALCO realizan solamente tareas administrativas, técnicas y auxiliares.
Según la respuesta oficial, estas personas no toman decisiones relacionadas con expedientes de nacionalidad, pasaportes o visados. Esas competencias permanecen bajo responsabilidad de funcionarios españoles.
El Ejecutivo también sostiene que cualquier acceso a sistemas informáticos o documentos queda limitado por las necesidades del servicio. Además, asegura que existen controles de autorización, confidencialidad y trazabilidad.
Estas aclaraciones son importantes porque miles de expedientes contienen información personal y documentos sensibles de ciudadanos cubanos que buscan obtener la nacionalidad española.
Sin embargo, el debate va más allá de quién firma una decisión final. La controversia también gira alrededor del grado de dependencia que mantiene una representación diplomática extranjera respecto a una empresa del Estado cubano para completar su plantilla local.
Una relación que deja al régimen como intermediario obligatorio
La confirmación de estos contratos con PALCO pone números concretos a esa dependencia.
El problema no consiste solamente en determinar si España cumplió formalmente la legislación. También importa analizar las consecuencias del sistema que La Habana obliga a utilizar.
Una parte del dinero destinado a pagar servicios laborales no llega íntegramente a quienes realizan el trabajo. El Estado cubano conserva una posición privilegiada como intermediario y controla el acceso a esos puestos.
El Gobierno de Sánchez sostiene que no existe otra modalidad permitida por las autoridades cubanas. Precisamente ahí aparece la contradicción: para funcionar en Cuba, España acepta un sistema laboral diseñado por el propio régimen.
La legalidad del contrato y el cuestionamiento político pueden coexistir. Una operación puede cumplir los procedimientos administrativos españoles y, al mismo tiempo, alimentar un mecanismo estatal cubano que limita la contratación directa.
Mientras miles de cubanos esperan durante meses por documentos y trámites relacionados con la nacionalidad española, más de 1,6 millones de euros han quedado vinculados a acuerdos con una empresa estatal de la isla.
El dato vuelve a demostrar hasta qué punto el régimen mantiene su control incluso sobre empleos financiados con dinero procedente del extranjero.