Una nueva denuncia sobre Maykel Osorbo vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones que enfrenta dentro de la prisión de Guanajay, en Artemisa. La activista Anamely Ramos aseguró que el rapero fue esposado y obligado a cortarse el cabello mientras varios guardias lo sujetaban durante una requisa.
El episodio habría ocurrido el viernes 9 de octubre en el área conocida como “la Incrementada”, donde permanece recluido el artista. Ramos explicó que todavía no se conocen todos los detalles, pero afirmó que varios presos fueron esposados durante el operativo.
Más de 30 guardias habrían participado en la requisa
Según la denuncia, en la requisa participaron más de 30 efectivos de una brigada especial. También estuvieron presentes directivos de la prisión, responsables provinciales de Cárceles y Prisiones y agentes de la Seguridad del Estado.
Ramos afirmó que la situación se tornó violenta y que varios reclusos terminaron esposados. Entre ellos estaba Castillo Pérez. Según su relato, los guardias lo sujetaron entre varios y lo obligaron a cortarse el cabello.
La información difundida hasta ahora no permite reconstruir cada detalle de lo ocurrido dentro del penal. La denuncia se basa en la información que Ramos recibió sobre el incidente.
Los problemas telefónicos aumentan la incertidumbre
La denuncia también llamó la atención sobre las dificultades de comunicación dentro de esa sección de Guanajay. Ramos aseguró que los presos llevan meses enfrentando problemas con los teléfonos disponibles para contactar a sus familiares.
Actualmente, según explicó, solo funciona un teléfono y lo hace de manera intermitente. Esa situación limita el acceso a información desde el exterior y dificulta conocer rápidamente cualquier incidente dentro de la prisión.
La falta de comunicación cobra especial importancia cuando existen denuncias de violencia o posibles abusos. Los familiares dependen en gran medida de llamadas breves para conocer el estado de los reclusos y verificar lo ocurrido.
Maykel Osorbo sigue preso pese a tener un parole aprobado
Las autoridades trasladaron al rapero en julio desde la cárcel Kilo 8, en Pinar del Río, hacia la prisión de Guanajay. Activistas denunciaron entonces que su familia no recibió una notificación previa sobre el cambio de establecimiento.
Días después se conoció que Estados Unidos había aprobado un parole humanitario para el artista. El permiso permitiría su entrada al país si las autoridades cubanas lo excarcelan y autorizan su salida.
Sin embargo, el músico continúa encarcelado. El propio artista ha responsabilizado a las autoridades cubanas de impedir su salida del país. Activistas mantienen la presión para lograr su liberación.
Una condena cuestionada por organismos internacionales
Castillo Pérez fue detenido el 18 de mayo de 2021 y recibió una condena de nueve años de prisión en junio de 2022. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia y ha pedido reiteradamente su liberación inmediata e incondicional.
Organizaciones internacionales también han documentado su caso durante los últimos años. Sus pronunciamientos han cuestionado el proceso judicial y el encarcelamiento del artista por hechos vinculados a su expresión política y artística.
Ese historial hace que cualquier nueva denuncia sobre su trato en prisión requiera seguimiento. Organizaciones internacionales observan su situación desde hace años y han reclamado garantías para sus derechos.
La denuncia vuelve a poner el foco sobre Guanajay
La nueva acusación llega pocos meses después del traslado del rapero a Guanajay. También ocurre mientras siguen abiertas las preguntas sobre su futuro, su posible salida de Cuba y las condiciones de su detención.
Ramos aseguró que continuará denunciando cualquier situación relacionada con el artista. También insistió en que permanece en Guanajay ante las dudas que habían circulado sobre su paradero.
Conviene separar los hechos confirmados sobre la condena y el traslado de los detalles de esta requisa. Esos detalles todavía dependen del testimonio divulgado desde fuera de la prisión.
Aun con esa cautela, el señalamiento merece atención. Cuando una persona está bajo custodia estatal, las autoridades controlan su seguridad, sus comunicaciones y sus condiciones de reclusión. Una denuncia de uso de fuerza exige transparencia y una investigación verificable.
Su trayectoria artística, su participación en “Patria y Vida” y las denuncias sobre su encarcelamiento mantienen el caso bajo atención internacional. Mientras continúe preso, cada nuevo episodio en Guanajay reabrirá preguntas sobre lo que ocurre dentro de esa prisión.
La denuncia sobre la requisa fue difundida este 12 de octubre por Anamely Ramos. Los antecedentes sobre la condena, el traslado a Guanajay y el parole humanitario aparecen también documentados por Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos y medios estadounidenses.