El combustible en Cuba se ha convertido en una nueva batalla por el control de las divisas y los recursos estratégicos del país.
Un nuevo dossier del analista Emilio Morales sostiene que GAESA intenta mantener su influencia mediante MIPYMES, intermediarios y estructuras que siguen dependiendo del aparato estatal.
El informe analiza quién compra el combustible estadounidense, quién maneja las estaciones y, sobre todo, dónde termina el dinero generado por esas ventas.
Un nuevo escenario tras la pérdida del petróleo venezolano
La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 cambió de manera radical el escenario energético para La Habana.
Durante años, Venezuela garantizó una parte fundamental del petróleo utilizado por el régimen cubano. Ese suministro también habría permitido a GAESA desarrollar negocios paralelos.
Morales estima que entre el 40 % y el 50 % del petróleo venezolano recibido por Cuba terminó revendido en otros mercados. Según sus cálculos, esas operaciones habrían generado unos 30.000 millones de dólares entre 2010 y 2025.
Estados Unidos abrió después una vía para vender combustible a determinadas empresas privadas cubanas y consumidores individuales.
Washington utiliza para esas operaciones la excepción Support for the Cuban People. El objetivo declarado consiste en respaldar actividades privadas sin beneficiar directamente a empresas militares o estatales sancionadas.
Las MIPYMES aparecen como protagonistas del nuevo negocio
Sobre el papel, las MIPYMES cubanas ocupan ahora una posición importante dentro de esta nueva ruta comercial.
Sin embargo, el dossier cuestiona cuánto control real tienen esas empresas sobre las operaciones.
De casi 390 MIPYMES convocadas inicialmente, alrededor de 42 habrían recibido autorización durante las primeras fases, según los datos citados por Morales.
Una investigación de ADN Cuba y Martí Noticias aportó elementos adicionales. Documentos internos de CIMEX identificaron 21 proveedores de combustible, incluyendo al menos 16 MIPYMES cubanas.
Entre las operaciones documentadas aparece KRV Partes y Piezas. Esa empresa suministró más de 23.000 litros de gasolina vinculados a una factura cercana a los 53.000 dólares.
El combustible terminó dentro del circuito comercial de CIMEX y llegó a un servicentro Oro Negro.
GAESA conserva piezas fundamentales del sistema
La participación de empresas privadas no significa que estas controlen toda la cadena.
Según el dossier, las estaciones utilizadas por las MIPYMES siguen perteneciendo a estructuras de CIMEX. Los operadores privados deben arrendar esos establecimientos.
También aparece FINCIMEX dentro del sistema de cobro mediante las tarjetas Clásica y Clásica Empresarial.
El Banco Financiero Internacional completa otra parte del circuito descrito por Morales.
El negocio del combustible en Cuba presenta así una contradicción evidente. Una empresa privada puede importar o comercializar el producto, pero depende de infraestructura controlada desde estructuras vinculadas al poder militar.
Eso cambia completamente la discusión.
La pregunta ya no consiste solamente en determinar quién aparece en una factura como importador. También importa quién controla la estación, procesa el pago y recibe finalmente las divisas.
Las cifras ponen bajo sospecha la verdadera independencia
El costo de estas operaciones también plantea interrogantes importantes.
Los cargamentos llegan principalmente mediante isotanques con capacidad aproximada de entre 23.000 y 25.000 litros.
Morales calcula que una primera operación con un isotanque de gasolina puede superar los 90.000 dólares. En el caso del diésel, estima más de 134.000 dólares.
Esos cálculos incluyen la compra inicial del contenedor y varios gastos relacionados con transporte, seguros, manipulación y trámites.
El informe considera que comenzar una operación con diez isotanques exigiría entre 500.000 y 1,4 millones de dólares.
Además, muchas de estas compras requieren pagos inmediatos y ofrecen pocas opciones tradicionales de financiamiento.
La escala total del comercio refuerza las dudas.
Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones estadounidenses de combustibles y derivados hacia Cuba rondaron los 232 millones de dólares.
Solo durante agosto alcanzaron aproximadamente 74,9 millones de dólares.
Esas cantidades resultan difíciles de asociar exclusivamente con pequeños negocios cubanos que operan sin grandes fuentes externas de capital.
Washington aumenta las sanciones y vigila los cargamentos
Estados Unidos también ha aumentado la presión sobre las empresas estatales relacionadas con el sector energético cubano.
Washington sancionó a CUPET y posteriormente incluyó a ENETEC y COREYDAN entre las entidades señaladas por sus vínculos con el aparato estatal.
La presión no se ha limitado a medidas financieras.
Autoridades estadounidenses interceptaron 90 envíos de biodiésel que tenían como destino declarado ENETEC.
Los cargamentos sumaban más de 600.000 galones y estaban valorados en cerca de 2,8 millones de dólares.
Las operaciones ocurrieron en Port Everglades, Florida, y en Houston, Texas.
Estas acciones permiten a Washington seguir rutas comerciales, identificar intermediarios y revisar quién recibe realmente el combustible autorizado para Cuba.
El verdadero poder está en controlar las divisas
Aquí aparece el elemento más importante del nuevo escenario.
GAESA puede perder participación directa en determinadas importaciones y aun así conservar poder si controla la infraestructura necesaria para vender el producto.
Eso incluye estaciones, servicios financieros, mecanismos de pago y parte de la logística.
Por tanto, presentar todo este mercado como una expansión completamente independiente del sector privado cubano resulta demasiado simple.
Las MIPYMES pueden desempeñar un papel real. Incluso pueden abastecer actividades privadas que necesitan combustible desesperadamente.
Pero esa realidad no elimina las estructuras económicas diseñadas durante décadas para mantener las divisas dentro de circuitos controlados por el régimen.
Un problema que Washington tendrá que vigilar de cerca
El control del combustible en Cuba también coloca a Estados Unidos frente a un problema complejo.
Cerrar completamente el suministro puede aumentar el sufrimiento de una población que ya soporta apagones, transporte deficiente y escasez.
Permitir las importaciones privadas, por otro lado, exige impedir que empresas militares o estatales terminen apropiándose del negocio.
Ahí está el verdadero desafío.
Washington tendrá que seguir el combustible desde el puerto hasta el consumidor final. También tendrá que observar el recorrido del dinero después de cada venta.
Para GAESA, esa vigilancia representa una amenaza distinta a una simple sanción.
Cada operación puede revelar empresas relacionadas, intermediarios, rutas financieras y mecanismos utilizados para mantener el control de sectores estratégicos.
El régimen cubano lleva décadas funcionando mediante estructuras económicas poco transparentes y sin fiscalización pública independiente.
Ahora, una parte de esas operaciones necesita interactuar con un sistema estadounidense que puede rastrear cargamentos, empresas y pagos.
Esa exposición podría convertirse en uno de los principales puntos débiles de GAESA dentro de la actual crisis energética cubana.