El turismo en Cuba atraviesa otro momento crítico. Unos 22,000 puestos de trabajo públicos del sector ya resultaron afectados mientras continúa cayendo la llegada de visitantes internacionales.
El propio ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció la magnitud del problema. Al cierre de 2025, el sector tenía alrededor de 103,000 trabajadores. Actualmente, unos 83,000 permanecen trabajando dentro de sus instalaciones.
La diferencia refleja una fuerte reducción de la actividad. Sin embargo, muchos de los afectados no aparecen oficialmente como despedidos.
Trabajadores enviados a hospitales e industrias
Parte de esos empleados mantiene su vínculo laboral con el sector turístico. El Gobierno los trasladó temporalmente hacia hospitales, industrias y otras actividades estatales.
La legislación cubana permite utilizar la figura del trabajador “interrupto” cuando una actividad se paraliza temporalmente. De esa forma, las autoridades pueden reubicar empleados sin reconocer formalmente una pérdida definitiva del puesto.
Pero conservar un contrato no significa conservar los mismos ingresos.
Muchos empleados de hoteles, restaurantes y otras instalaciones dependían de propinas, pagos vinculados al servicio y otras entradas relacionadas con los visitantes extranjeros.
Un trabajador trasladado hacia otra actividad estatal puede mantener un salario. Sin embargo, pierde buena parte de las oportunidades económicas que hacían del sector turístico uno de los más buscados por muchos cubanos.
El economista Ricardo Torres ya había advertido meses atrás que entre 20,000 y 30,000 trabajadores podían resultar afectados por el desplome.
La llegada de visitantes continúa cayendo
Las cifras de viajeros muestran la profundidad del problema.
Entre enero y septiembre de 2026, Cuba recibió solamente 477,707 visitantes internacionales. La cifra representa una caída del 65.1% frente al mismo período del año anterior.
La reducción comenzó mucho antes de los últimos meses. El propio ministro reconoció que existe un deterioro progresivo de la comercialización turística desde la pandemia.
Antes de la crisis sanitaria, el sector empleaba entre 140,000 y 150,000 personas. La recuperación prometida después de la reapertura internacional nunca llegó a consolidarse.
Durante 2026 la situación empeoró todavía más.
La falta de combustible golpeó el transporte y las operaciones aéreas. Los apagones también complicaron el funcionamiento de instalaciones y servicios. Varias compañías extranjeras abandonaron operaciones en la Isla.
El Gobierno cubano responsabiliza principalmente a las sanciones estadounidenses por el agravamiento reciente.
Las restricciones externas han tenido consecuencias sobre vuelos, combustible y compañías internacionales. Sin embargo, incluso las propias autoridades reconocen que el deterioro del sector comenzó años antes.

Hoteles cerrados mientras miles pierden sus ingresos
La situación había llegado a un punto crítico desde mediados de año.
En julio, el primer ministro Manuel Marrero reconoció que el 73% de las instalaciones hoteleras del país permanecía cerrado. También habló entonces de unos 25,000 trabajadores en situación de disponibilidad.
La imagen resulta difícil de ignorar.
Durante años, el Estado cubano destinó enormes recursos a levantar y renovar hoteles. Esa política continuó mientras hospitales, viviendas, sistemas hidráulicos y otras infraestructuras básicas acumulaban un deterioro visible.
Ahora existen instalaciones sin suficientes clientes y trabajadores turísticos enviados hacia otros sectores.
El problema no termina en los hoteles.
Cuando desaparecen los visitantes, también pierden ingresos transportistas, arrendadores privados, restaurantes, guías, vendedores y familias que dependían indirectamente de esa actividad.
Cada turista que deja de llegar representa menos dinero circulando dentro de una economía que ya enfrenta inflación, escasez y una profunda pérdida del poder adquisitivo.
El régimen intenta cambiar las reglas cuando el sector ya está hundido
Ante el desplome, las autoridades anunciaron nuevas medidas para permitir una mayor participación de actores privados.
Entre las reformas aparecen posibilidades para administrar hoteles, desarrollar agencias de viajes, alquilar vehículos y ofrecer servicios de transporte.
También se permitirá una mayor participación privada como agentes turísticos y guías.
Son cambios importantes frente al modelo extremadamente centralizado que dominó durante décadas. Sin embargo, llegan cuando buena parte de la infraestructura permanece cerrada y el número de visitantes se encuentra en mínimos.
No basta con cambiar quién administra una instalación.
Un destino turístico necesita electricidad, combustible, transporte, alimentos, seguridad jurídica, infraestructura funcional y servicios estables.
Es precisamente ahí donde aparece el problema de fondo.
La crisis del turismo en Cuba no puede analizarse solamente contando habitaciones disponibles. También refleja el deterioro general de una economía sometida durante décadas a decisiones centralizadas, poca autonomía empresarial y prioridades estatales alejadas de muchas necesidades básicas de la población.
El Gobierno intenta ahora abrir espacios a la iniciativa privada que durante años mantuvo limitada.
Mientras tanto, miles de trabajadores pagan directamente las consecuencias.
Los hoteles pueden conservar sus edificios y los empleados pueden seguir apareciendo en una plantilla oficial. Lo que desaparece mucho más rápido es el ingreso real de quienes dependían de que los turistas siguieran llegando.