La nueva Ley de Educación que prepara el régimen cubano pretende reorganizar el sistema escolar con 243 artículos. Sin embargo, el proyecto llega cuando las aulas enfrentan una crisis mucho más urgente. Miles de plazas docentes siguen vacías, los salarios pierden valor y los apagones alteran la rutina de estudiantes y profesores.
El anteproyecto sustituiría una legislación vigente desde 1959 y debe llegar a la Asamblea Nacional en diciembre. Las autoridades lo presentan como una modernización. El problema es que buena parte del texto mantiene una fuerte carga política mientras las escuelas luchan con carencias básicas.
Libertad de opinión, pero dentro de los límites de la Revolución
Uno de los choques más evidentes aparece entre los derechos y deberes de los estudiantes. El artículo 11 reconoce su derecho a formar y expresar opiniones. También contempla que sean escuchados en asuntos que los afectan.
Sin embargo, el artículo 12 exige a esos mismos alumnos defender los principios de la Revolución y preservar la independencia y la seguridad nacional. El texto no aclara cómo convivirían ambas disposiciones cuando un estudiante cuestione abiertamente el socialismo o critique al poder político.
Esa contradicción resulta importante. Reconocer la libertad de opinión pierde fuerza cuando otra disposición condiciona al alumno a respaldar una doctrina política determinada.
Los docentes también quedan sujetos a exigencias ideológicas
La carga política alcanza igualmente a maestros y trabajadores del sector. El artículo 14 exige defender la llamada Patria Socialista y los principios de la Revolución. También plantea una preparación político-ideológica permanente.
El anteproyecto incluye además referencias al comportamiento de los trabajadores en redes sociales. Esa redacción abre interrogantes sobre los límites entre la vida profesional y la expresión personal de los docentes.
El artículo 6 sitúa entre las bases de la educación el pensamiento martiano, fidelista, marxista y leninista. Además, determinadas instituciones universitarias aparecen vinculadas al Comité Central del Partido Comunista. La prioridad ideológica queda así escrita dentro del propio diseño institucional.
La crisis docente no se resuelve con artículos y consignas
Mientras el Gobierno discute normas, las escuelas enfrentan un problema inmediato: faltan maestros. Al comenzar el curso 2026-2027, la cobertura con personal docente formado rondaba apenas el 73%, según datos oficiales.
Diversos reportes sitúan en cerca de 24,000 las plazas docentes sin cubrir. Más de 380,000 estudiantes habrían comenzado el curso sin un maestro titular asignado. Las autoridades recurrieron a universitarios, jubilados reincorporados y profesionales de otros sectores para cubrir parte del déficit.
Esa solución puede mantener aulas abiertas, pero no reemplaza una plantilla estable y con experiencia. El problema no es solo encontrar a alguien que imparta una asignatura. También hace falta retener profesores capacitados durante años.
Salarios que empujan a los maestros fuera de las aulas
La situación salarial ayuda a explicar la salida de profesionales. Las escalas citadas para docentes se mueven entre 6,130 y 7,735 pesos cubanos mensuales. Al cambio informal, esas cantidades pueden quedar por debajo de los 12 dólares.
La propia ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, reconoció que los ingresos no satisfacen las necesidades de los profesionales. Esa admisión resulta especialmente significativa porque confirma que el problema no proviene solamente de críticas externas.
Un maestro debe enfrentar los mismos precios, apagones, dificultades de transporte y escasez que cualquier otra familia cubana. Pedir mayor compromiso sin ofrecer ingresos capaces de cubrir necesidades elementales termina acelerando el abandono del sector.
Apagones, uniformes y alumnos que no asisten con normalidad
La crisis energética añade otra presión sobre el sistema escolar. Los cortes de electricidad afectan horarios, alimentación, transporte y condiciones mínimas dentro de los centros.
A mediados de octubre, el Gobierno aseguraba haber elevado la cobertura docente hasta el 86%. Aun así, unos 11,000 estudiantes no asistían con normalidad a las aulas. Solo el 49% del grupo considerado prioritario tenía uniforme escolar.
Esas cifras muestran una mejora parcial frente al inicio del curso, pero también revelan la magnitud del deterioro. El sistema necesita improvisar profesores, flexibilizar uniformes y reorganizar clases alrededor de los apagones.
El sector privado termina cubriendo parte de lo que falta
Otra contradicción aparece en el financiamiento. Las autoridades han reconocido aportes de mipymes y otros actores no estatales para alimentos, ropa, calzado y transporte.
El anteproyecto permite buscar ingresos complementarios mediante distintas estructuras económicas. Sin embargo, el Estado conserva el control de las instituciones y no abre la puerta a un sistema independiente de colegios privados.
La fórmula resulta llamativa. El poder político mantiene la dirección y el contenido ideológico, pero acepta recursos externos cuando sus propios presupuestos no alcanzan para sostener el funcionamiento cotidiano.
Una reforma legal frente a un problema mucho más profundo
El debate sobre la Ley de Educación no puede separarse de la realidad material de las escuelas. Una norma puede definir derechos, deberes y estructuras. No puede fabricar maestros, encender una escuela durante un apagón ni convertir un salario insuficiente en uno digno.
El régimen parece concentrado en actualizar el marco jurídico y preservar su influencia política sobre estudiantes y profesores. Mientras tanto, las familias siguen resolviendo uniformes, transporte, materiales y otras necesidades que el sistema no garantiza de forma estable.
El problema central no es la falta de artículos legales. Cuba necesita escuelas con electricidad, recursos, maestros preparados y salarios que permitan vivir del trabajo docente. Si esas condiciones no cambian, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en otra capa de burocracia sobre un sistema cada vez más debilitado.
La contradicción es difícil de ocultar. El Gobierno promete modernizar la educación mientras conserva la obediencia ideológica como parte del modelo. Al mismo tiempo, depende de jubilados, universitarios, profesionales de otros sectores y recursos privados para mantener abiertas muchas aulas.
Una educación de calidad necesita conocimiento, estabilidad y libertad para pensar. Ninguna consigna puede sustituir esas tres cosas.