El informe de Harvard sobre el futuro de Cuba provocó una nueva reacción del Gobierno cubano. Bruno Rodríguez lo calificó de “pseudocientífico” y cuestionó directamente a sus autores.
El canciller afirmó que el documento intenta “confundir y manipular” al público estadounidense e internacional. También lo vinculó con la propaganda del Departamento de Estado y la llamada “guerra psicológica”.
La respuesta llegó ocho días después de que Harvard publicara el documento. El texto analiza la crisis cubana y propone cambios políticos, jurídicos y económicos para enfrentarla. Harvard lo presenta como un trabajo todavía abierto a revisiones.
Bruno Rodríguez centra su respuesta en el embargo
Rodríguez sostuvo que los autores minimizan las consecuencias de las sanciones estadounidenses. Según el canciller, el estudio oculta décadas de presión comercial y financiera contra Cuba.
El funcionario también citó cálculos oficiales del Gobierno cubano. La Habana estima pérdidas de 8.083,3 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
Esa cifra procede de estimaciones oficiales cubanas y no constituye una medición independiente. Rodríguez la utilizó para defender que Washington tiene una responsabilidad central en la crisis.
El documento sí menciona el impacto de las sanciones
Sin embargo, un punto de la crítica del canciller merece atención. El informe de Harvard sí reconoce efectos negativos de las nuevas sanciones estadounidenses sobre la población cubana.
El documento menciona impactos en transporte, acceso a la salud y distribución de alimentos. También incluye propuestas dirigidas a Washington para aliviar determinadas restricciones.
Ese elemento complica la idea de que Harvard simplemente ignora el factor estadounidense. El estudio reconoce ese impacto, aunque coloca también el foco dentro de Cuba.
El grupo considera que las autoridades cubanas no han adoptado las medidas necesarias para impedir el deterioro. Esa conclusión constituye uno de los principales puntos de choque con La Habana.
Harvard propone cambios políticos y económicos
Harvard presentó el documento el 10 de septiembre tras seis meses de trabajo. Participaron académicos, intelectuales y especialistas vinculados al análisis de Cuba.
Entre sus propuestas aparece una amnistía general e incondicional para los presos políticos. También plantea cambios legales relacionados con la protesta y las libertades públicas.
A mediano plazo, el grupo propone una Asamblea Constituyente. El objetivo sería establecer nuevas bases institucionales para un sistema político plural.
En el área económica, plantea una economía social de mercado. Esa propuesta contempla el reconocimiento de la propiedad privada y mayor participación de actores económicos no estatales.
El documento también sugiere la reintegración de Cuba a organismos financieros internacionales. Entre ellos aparecen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales.
Una propuesta que tampoco deja fuera a las autoridades actuales
Uno de los aspectos más debatidos está en la forma de realizar una eventual transición. El grupo no plantea excluir automáticamente a las autoridades actuales.
Por el contrario, sostiene que distintos sectores deberían participar en un proceso pacífico y negociado. Esa participación incluiría sociedad civil, oposición, diáspora y miembros del actual Gobierno.
La propuesta ha generado cuestionamientos desde posiciones diferentes. Algunos críticos rechazan conceder un papel relevante a quienes actualmente controlan las instituciones del Estado.
Otros análisis destacan que el documento intenta evitar un vacío de poder durante una eventual transformación. Harvard reconoce que construir un consenso amplio sería difícil.
La respuesta oficial deja preguntas sin desarrollar
La reacción de Rodríguez se concentró principalmente en Washington, las sanciones y la supuesta orientación política de los autores. También cuestionó el rigor académico del documento.
Sin embargo, su respuesta pública no desarrolla una alternativa concreta frente a varias propuestas planteadas por el grupo. Tampoco detalla qué reformas internas considera posibles.
Ese punto resulta relevante porque el debate no se limita al embargo. El documento reconoce las sanciones y, al mismo tiempo, examina decisiones económicas e institucionales dentro de Cuba.
La discusión enfrenta así diagnósticos diferentes sobre el peso de cada causa. La Habana insiste en colocar la presión estadounidense como un factor decisivo.
El grupo de Harvard distribuye responsabilidades entre factores externos e internos. Además, sostiene que la recuperación requiere cambios dentro de la estructura política y económica cubana.
Un choque que va mucho más allá de Harvard
La controversia refleja una disputa más amplia sobre cómo explicar la crisis cubana. El Gobierno enfatiza las sanciones, las restricciones financieras y la política de Washington.
El informe de Harvard también dirige la atención hacia problemas internos y propone transformaciones institucionales. Esa combinación explica buena parte del rechazo expresado desde La Habana.
El documento tampoco pretende presentarse como una conclusión definitiva. Sus autores lo describen como un trabajo vivo que recibirá consultas, revisiones y modificaciones.
La reacción de Bruno Rodríguez tampoco responde por sí sola a todas las cuestiones planteadas. Sí deja clara la fuerte oposición oficial a varias propuestas políticas del estudio.
Mientras continúa la disputa sobre las causas y las responsabilidades, la crisis sigue afectando servicios básicos, alimentación, transporte y condiciones de vida en Cuba.
El debate, por tanto, supera una discusión entre un canciller y una universidad estadounidense. La cuestión central sigue siendo qué cambios pueden modificar la situación que enfrenta el país.