El secretario de Estado Marco Rubio elevó este jueves la presión sobre La Habana. Acusó al régimen cubano de servir como plataforma para actores hostiles vinculados a Irán. La nueva ofensiva de Washington coloca nuevamente a Cuba e Irán en el centro de la política de seguridad estadounidense.
Las declaraciones acompañaron una nueva sanción contra el Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), una entidad financiera estatal cubana. Estados Unidos sostiene que el banco prestó servicios financieros al iraní Karafarin Bank desde al menos 2022.
La medida forma parte de una ofensiva más amplia contra las redes financieras utilizadas por Teherán. Washington busca cortar canales usados para mover dinero, evadir sanciones y sostener estructuras aliadas.
Washington apunta directamente al sistema financiero cubano
El Departamento del Tesoro confirmó que Estados Unidos designó a BICSA bajo la Orden Ejecutiva 14404. Esa norma permite sancionar entidades que operan en determinados sectores de la economía cubana.
Según Washington, BICSA mantuvo vínculos financieros con Karafarin Bank. Estados Unidos ya había sancionado a esa institución iraní dentro de sus medidas contra sectores estratégicos de la economía de Irán.
Rubio utilizó la designación para lanzar una acusación mucho más amplia contra La Habana. El secretario afirmó que el Gobierno cubano ha permitido durante años la presencia y operación de actores que Washington considera hostiles.
Rubio habla de amenazas a menos de cien millas de Estados Unidos
Rubio aseguró que Estados Unidos no tolerará operaciones militares, de inteligencia o relacionadas con terrorismo desde territorio cubano. También destacó la cercanía geográfica entre la isla y el territorio estadounidense.
Su mensaje busca presentar la relación entre Cuba e Irán como un asunto de seguridad nacional, no solamente como una disputa financiera. Esa diferencia resulta importante porque amplía el alcance político de las sanciones.
Sin embargo, la documentación pública divulgada este jueves se concentra principalmente en vínculos financieros. Washington confirmó servicios de BICSA a Karafarin Bank, pero no presentó en ese anuncio detalles sobre un ataque específico preparado desde Cuba.
Esa distinción no elimina la gravedad de la acusación. Sí obliga a separar los hechos documentados de las advertencias políticas formuladas por Rubio.
La sanción forma parte de una operación mayor contra Teherán
La acción contra BICSA coincidió con nuevas medidas del Departamento del Tesoro contra redes financieras iraníes. Washington también sancionó al International Development Bank for Investment and Finance, con sede en Irak.
El Tesoro acusa a esa institución de facilitar acceso a dólares y mantener vínculos con entidades iraníes y grupos alineados con Teherán en Irak.
Además, Estados Unidos designó a Jazireh International Bank Company y Chabahar International Bank Overseas Company. Washington considera que esas entidades forman parte de mecanismos financieros utilizados para operar con divisas y reducir el impacto de las sanciones.
Las medidas integran la llamada Operation Economic Outcast. El objetivo declarado por la administración Trump consiste en cortar canales financieros que permitan a Irán obtener divisas y mantener sus operaciones internacionales.
BICSA queda bajo una presión financiera mucho mayor
La inclusión de BICSA en el esquema de sanciones estadounidenses aumenta el riesgo para instituciones y empresas que mantengan operaciones con el banco cubano.
Washington ha advertido que las entidades que faciliten evasión de sanciones iraníes pueden perder acceso al sistema financiero estadounidense. También ha ampliado el riesgo de sanciones secundarias para quienes continúen determinadas operaciones con estructuras vinculadas a Teherán.
Para Cuba, el impacto puede ir más allá de una sola institución. El sistema bancario de la isla ya enfrenta fuertes limitaciones internacionales, dificultades para procesar pagos y una creciente desconfianza entre intermediarios financieros.
Cada nueva designación reduce todavía más el margen de maniobra del Estado cubano en el exterior. También obliga a bancos de terceros países a revisar con mayor cautela cualquier operación relacionada con entidades cubanas sancionadas.
La Habana rechaza las acusaciones de Washington
El canciller Bruno Rodríguez respondió a las nuevas medidas y defendió la legitimidad de BICSA. El Gobierno cubano sostiene que Estados Unidos utiliza las sanciones para asfixiar la economía de la isla.
La Habana presenta estas decisiones como parte de una política de presión que termina afectando a la población. Washington, en cambio, afirma que busca cortar recursos a estructuras estatales y redes consideradas una amenaza para su seguridad.
Ambos gobiernos mantienen posiciones completamente enfrentadas. La diferencia ahora es que la disputa vuelve a conectar directamente a la isla con la estrategia estadounidense contra Irán.
Una acusación con consecuencias políticas más amplias
La ofensiva llega además en un momento de fuerte tensión diplomática. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene prevista para finales de octubre una nueva votación sobre la resolución cubana contra el embargo estadounidense.
Washington ha intensificado sus contactos con gobiernos de la región. También busca reducir el respaldo diplomático que La Habana recibe cada año en Naciones Unidas.
El régimen cubano, por su parte, acusa a Estados Unidos de presionar a otros países para modificar sus votos. Esa confrontación convierte cada nueva sanción en una pieza adicional dentro de una batalla política mucho más amplia.
El vínculo financiero señalado entre BICSA y Karafarin Bank ofrece ahora a Washington un argumento concreto para endurecer su discurso. La administración Trump puede presentar el tema como una cuestión de seguridad regional y no solo como un conflicto bilateral.
Cuba e Irán entran nuevamente en el foco de Washington
La nueva sanción confirma que la política estadounidense hacia La Habana está incorporando cada vez más elementos relacionados con seguridad, inteligencia y alianzas internacionales.
Rubio dejó claro que la administración Trump continuará revisando conexiones financieras y de seguridad entre el régimen cubano, Irán y otros gobiernos considerados hostiles.
El mensaje busca cerrar espacios internacionales al aparato estatal cubano y aumentar el costo de mantener relaciones financieras con entidades sancionadas.
Para La Habana, el problema no se limita a la pérdida de acceso directo al sistema estadounidense. El mayor riesgo aparece cuando bancos de terceros países deciden apartarse para evitar sanciones o problemas regulatorios.
La relación bilateral queda así bajo una vigilancia mucho mayor. Washington ya no presenta esas conexiones como simples vínculos diplomáticos, sino como parte de una red que considera peligrosa para sus intereses de seguridad.
La acusación de Rubio marca un nuevo nivel en el enfrentamiento. También anticipa que las sanciones financieras seguirán siendo una herramienta central de la administración Trump contra el régimen cubano.