El régimen cubano está recurriendo al sector privado para intentar recuperar las tierras agrícolas en Cuba después de décadas de control estatal y desplome productivo. Las autoridades aseguran que ya entregaron unas 131.000 hectáreas bajo la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal.
La medida llega cuando producir comida dentro de la Isla se ha convertido en una urgencia nacional. Cuba depende profundamente de las importaciones mientras alimentos básicos desaparecen o llegan a precios imposibles para millones de familias.
El Ministerio de la Agricultura reconoce 5.333 solicitudes desde la entrada en vigor de la nueva legislación. Esas peticiones abarcan unas 137.500 hectáreas.
De ese total, alrededor de 131.000 hectáreas ya fueron entregadas mediante resoluciones de administración provisional. Cerca de 4.000 solicitantes ya estarían trabajando en los terrenos.
El régimen abre más espacio al sector privado
La nueva Ley 185 amplía considerablemente quién puede solicitar terrenos para producir.
Entre los posibles beneficiarios aparecen personas naturales, empresas estatales, mipymes privadas, cooperativas y determinadas entidades mixtas o extranjeras. También contempla solicitudes de cubanos residentes fuera del país.
Las cifras oficiales muestran que 29 mipymes ya presentaron solicitudes. El Gobierno también informó sobre la participación de cooperativas agropecuarias en el proceso.
Villa Clara encabeza actualmente las solicitudes. Le siguen Santiago de Cuba y Camagüey.
El cambio resulta significativo porque durante décadas el modelo económico cubano redujo el espacio de la iniciativa privada. Ahora las propias autoridades necesitan que esos productores ayuden a recuperar un sector que el Estado no logró sostener.
La tierra sigue bajo control estatal
Sin embargo, entregar terrenos no significa privatizar las tierras estatales.
La legislación mantiene la propiedad socialista sobre esas áreas. El productor recibe principalmente un derecho de usufructo para trabajar la tierra bajo determinadas condiciones.
Por tanto, el Gobierno conserva una posición decisiva sobre el suelo. Los contratos establecen obligaciones y pueden extinguirse cuando el usufructuario incumple las condiciones fijadas.
La ley permite solicitar extensiones mayores según el proyecto productivo y los recursos disponibles. También flexibiliza los períodos de explotación mediante contratos acordados entre las partes.
Otro cambio importante permite construir determinadas viviendas dentro de terrenos recibidos en usufructo. Bajo condiciones específicas, esas viviendas pueden legalizarse después de varios años de trabajo estable.
Son concesiones más amplias que las existentes durante etapas anteriores. Sin embargo, la apertura continúa ocurriendo dentro de un sistema donde el Estado conserva amplios poderes administrativos.
Décadas de reformas no consiguieron llenar los mercados
Esta tampoco representa la primera vez que La Habana anuncia cambios para recuperar el campo cubano.
Desde 2008 se aprobaron diferentes mecanismos para entregar terrenos ociosos. El objetivo siempre fue parecido: poner más superficie a producir y reducir la dependencia de las importaciones.
Los resultados están a la vista.
Cuba continúa comprando en el extranjero gran parte de los alimentos que consume. Mientras tanto, producciones tradicionales como arroz, frijoles, leche y carne de cerdo sufrieron caídas extraordinarias.
Entre 2018 y 2023, la producción porcina cayó alrededor de un 95%. La de frijoles disminuyó aproximadamente un 70%.
El arroz también sufrió un fuerte desplome mientras la demanda nacional se mantiene muy por encima de la producción interna.
Esa realidad explica por qué ahora el Gobierno busca incorporar más productores a las tierras agrícolas en Cuba. No se trata simplemente de una modernización administrativa. La crisis obliga al régimen a flexibilizar un sistema incapaz de producir suficientes alimentos.
Entregar hectáreas no garantiza comida
Las 131.000 hectáreas pueden parecer una cifra impresionante. Sin embargo, medir el éxito solamente por la cantidad de tierra entregada sería repetir uno de los problemas habituales del discurso oficial.
Una resolución administrativa no produce arroz.
Tampoco genera frijoles, carne o viandas.
Para aumentar la producción hacen falta combustible, semillas, fertilizantes, maquinaria, transporte, electricidad, financiamiento y mercados donde el productor tenga incentivos para vender.
También resulta imprescindible reducir la burocracia que durante años ha frenado al campesino cubano.
El propio Ministerio de la Agricultura admite que todavía necesita más personas trabajando en el campo. Esa declaración demuestra que disponer de tierra ociosa nunca fue el único problema.
El país ha tenido millones de hectáreas agrícolas durante décadas. Lo que ha fallado es el modelo utilizado para administrarlas.
El sector privado termina siendo parte de la solución que antes limitaron
Existe una contradicción difícil de ignorar.
Durante años, el régimen defendió la superioridad de la empresa estatal y mantuvo fuertes restricciones sobre la actividad privada. Ahora necesita mipymes, productores independientes y nuevas formas de gestión para intentar alimentar al país.
La apertura llega cuando los mercados permanecen golpeados por la escasez y los precios consumen gran parte de los salarios.
El Gobierno puede presentar la entrega de hectáreas como una transformación económica. Nosotros creemos que el verdadero resultado tendrá que medirse en algo mucho más sencillo.
¿Cuánta comida adicional llegará realmente a los mercados?
¿Bajarán los precios?
¿Podrá un trabajador comprar esos alimentos con su salario?
Hasta que esas respuestas aparezcan, las 131.000 hectáreas representan una posibilidad, no una victoria.
Después de décadas de centralización, controles y reformas que no consiguieron recuperar la producción, el régimen vuelve a buscar una salida parcial en quienes durante años mantuvo bajo fuertes restricciones.
Cuba no necesita nuevas estadísticas administrativas para demostrar que el campo avanza. Necesita alimentos disponibles y precios que permitan a la población comer.
Y esa será la verdadera prueba de esta nueva reforma.