Ibrahim Domínguez Aguilar lleva más de 12 días con un fuerte dolor pélvico dentro de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Su madre denuncia que todavía no existe un diagnóstico claro y que el seguimiento médico recomendado no se ha realizado.
La situación preocupa porque el dolor le impide sentarse o acostarse con normalidad. Mercedes Aguilar, madre del preso político, tuvo que acudir a la Seguridad del Estado para reclamar que lo trasladaran a un hospital.
La madre tuvo que exigir que lo llevaran al hospital
Tras la presión familiar, Ibrahim fue llevado al Hospital Provincial Saturnino Lora. Allí le realizaron análisis cuyos resultados no revelaron la causa del dolor, según explicó su madre.
Los especialistas recomendaron seguimiento médico. Sin embargo, la familia asegura que las autoridades penitenciarias no han cumplido esa indicación. El dolor continúa y la incertidumbre también.
La madre pide que sea ingresado y sometido a estudios más completos. Su reclamo no busca un privilegio. Exige atención médica para una persona que permanece bajo custodia directa del Estado.
El Estado tiene responsabilidad sobre su salud
Cuando una persona está encarcelada, no puede decidir por sí misma cuándo acudir a un hospital. Tampoco puede escoger un especialista o trasladarse libremente para buscar otra opinión.
Esa realidad aumenta la responsabilidad de las autoridades penitenciarias. Si un recluso presenta un dolor intenso durante varios días, el sistema tiene que garantizar diagnóstico, vigilancia y tratamiento oportuno.
En este caso, el problema no termina con haberlo llevado una vez al hospital. Si los síntomas continúan, el seguimiento recomendado se vuelve esencial. La denuncia de la familia apunta precisamente a esa falta de continuidad.
Un preso del 11J con antecedentes de agresiones
Ibrahim Domínguez Aguilar cumple una condena de 10 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre. Prisoners Defenders lo mantiene en su listado de presos políticos en Cuba.
Su historial dentro de Boniato incluye denuncias graves. En abril de 2024, organizaciones independientes documentaron que fue golpeado por varios guardias después de reclamar atención médica por problemas de salud.
El 31 de octubre de 2025 volvió a ser víctima de una agresión, según Cubalex. La organización señaló que tres presos comunes lo golpearon y que funcionarios del penal no lo protegieron.
Cubalex también informó que la golpiza le provocó una herida en la frente y hematomas. Después, las autoridades abrieron un nuevo proceso contra él por supuestas lesiones y desórdenes dentro del penal.
Boniato arrastra denuncias por abandono y muertes
La preocupación de la familia no aparece en un vacío. La prisión de Boniato ha acumulado denuncias por desnutrición, enfermedades, malas condiciones sanitarias y atención médica insuficiente.
Cubalex documentó al menos nueve muertes en ese penal durante los primeros meses de 2025. Varias estuvieron relacionadas con tuberculosis, desnutrición o falta de asistencia oportuna, según reportes independientes.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas también registró fallecimientos y condiciones críticas en Boniato. Esos antecedentes convierten cualquier denuncia médica dentro del penal en una alerta que no debería minimizarse.
Las autoridades cubanas tienen la obligación de proteger a todas las personas bajo su custodia. Esa obligación incluye a los presos políticos y a cualquier recluso, sin importar el delito imputado.
La falta de atención médica no puede convertirse en castigo
El caso de Ibrahim muestra una contradicción difícil de ignorar. El Estado controla cada aspecto de su vida en prisión, pero su madre debe presionar para obtener atención médica básica.
No basta con trasladar a un preso cuando la familia logra hacer pública la situación. El sistema penitenciario debe responder antes de que un problema de salud se convierta en una emergencia.
La atención médica tampoco puede depender de la conducta política del detenido. El acceso a diagnóstico y tratamiento es un derecho básico, no una concesión del aparato penitenciario.
La denuncia vuelve a plantear una pregunta incómoda para el régimen cubano. ¿Quién responde si la salud de un preso empeora mientras las autoridades ignoran recomendaciones médicas?
Las cifras muestran un problema mucho mayor
El informe más reciente de Prisoners Defenders registró 1.339 presos políticos en Cuba al cierre de agosto de 2026. La organización también documentó 463 reclusos políticos con patologías médicas graves.
Esas cifras muestran que el problema supera un solo nombre. Muchas familias dependen de llamadas, denuncias públicas y presión externa para saber qué ocurre con sus seres queridos encarcelados.
En el caso de Ibrahim, la petición inmediata es concreta. Su familia quiere que los médicos determinen qué provoca el dolor y que pueda recibir el seguimiento indicado.
Mientras eso no ocurra, la responsabilidad sigue recayendo sobre las autoridades que lo mantienen bajo custodia. El dolor lleva más de 12 días. La familia ya hizo su parte al denunciar. Ahora corresponde al Estado garantizar una atención médica completa y sin más demoras.