Régimen cubano entrega cafeterías estatales a mipymes mientras trabajadores denuncian despidos, meses sin salario y falta de indemnización en La Habana

Los despidos en Cuba vuelven a poner bajo presión a trabajadores del sector estatal. Empleados de cafeterías y comercios habaneros denuncian meses sin cobrar. Al mismo tiempo, varios locales pasan a manos de mipymes y trabajadores por cuenta propia.

Según testimonios publicados este jueves por 14ymedio, empleados de San Miguel del Padrón recibieron citaciones de manera individual. Funcionarios de Comercio y Gastronomía les informaron que debían buscar otro empleo en un plazo de tres meses.

Los afectados describen un proceso marcado por incertidumbre, salarios atrasados y pocas garantías claras. Las denuncias también apuntan a establecimientos de otros puntos de La Habana.

Trabajadores con décadas de servicio quedan en una situación incierta

Hugo, de 57 años, trabajó durante dos décadas en la gastronomía estatal. Ahora permanece en su casa y asegura que no recibe salario.

De acuerdo con su testimonio, las autoridades planean arrendar varios locales a cuentapropistas y mipymes. Los nuevos gestores podrán decidir qué trabajadores mantienen cuando asuman la administración.

Hugo teme que muchos empleados actuales queden fuera. Explicó que algunos nuevos administradores llegan con equipos propios, incluidos familiares y personas de confianza.

Las denuncias alcanzan a varios establecimientos de La Habana

El trabajador también aseguró que denunció la situación en redes sociales y después recibió amenazas. Las autoridades no han confirmado esa afirmación.

Los testimonios mencionan El Alcoy y El Carrusel, ambos en la zona de Virgen del Camino. También señalan El Terry, en Vía Blanca, y Los Panecitos, en San Francisco de Paula.

Tres meses sin cobrar y ofertas de trabajo difíciles de asumir

Migdalia, de 49 años, trabajó al menos diez años como contable en una cafetería estatal. Ella asegura que lleva tres meses sin recibir salario.

Según relató, una de las opciones ofrecidas a varias mujeres fue trabajar en un paradero de ómnibus en Guanabo. Para ella, esa alternativa resulta prácticamente inviable.

Migdalia vive en San Miguel del Padrón. Calcula que el transporte diario de ida y vuelta podría costarle unos 2,500 pesos cubanos.

Una reubicación distante no resuelve la pérdida de ingresos

El problema no termina con ofrecer cualquier plaza disponible. Un empleo distante puede convertirse en una carga imposible cuando el transporte cuesta una parte enorme del ingreso.

La trabajadora sostiene que el proceso ocurre en distintos puntos de La Habana. También afirma que podría afectar a miles de personas. Hasta ahora no existe una cifra oficial pública que confirme ese alcance.

El nuevo Código de Trabajo obliga a justificar la reorganización

La situación resulta todavía más delicada porque el nuevo Código de Trabajo cubano ya está vigente. La Gaceta Oficial publicó la Ley 189 el 18 de septiembre y la norma entró en vigor siete días después.

La legislación permite terminar relaciones laborales por motivos económicos, tecnológicos y estructurales. Sin embargo, no autoriza a hacerlo de cualquier manera.

Los artículos 199 y 200 exigen justificar la reorganización y aprobar una nueva plantilla. Además, la entidad debe respaldar sus decisiones con estudios de organización y análisis económicos.

La ley exige informar, coordinar y proteger a los trabajadores

El artículo 204 exige informar a los trabajadores sobre las causas, el número de afectados y el período del proceso. También obliga a coordinar con la organización sindical y las autoridades laborales municipales.

La ley contempla mecanismos para proteger los ingresos cuando el trabajador pierde su puesto por causas ajenas a su voluntad. Las disposiciones transitorias mantienen esa protección durante la implementación inicial del nuevo Código.

Por eso, los despidos en Cuba denunciados en estas cafeterías abren una pregunta central. No basta con entregar el local a otro administrador y dejar al antiguo empleado sin salario.

El Estado intenta desprenderse de una red que ya no puede sostener

Durante décadas, el régimen cubano concentró gran parte del comercio y la gastronomía bajo control estatal. Limitó la iniciativa privada y convirtió al Estado en empleador dominante.

Ahora aparece una contradicción evidente. Cuando muchas unidades ya no pueden abastecerse, repararse o funcionar con eficiencia, el Gobierno busca trasladarlas a actores privados.

El problema no es que una cafetería pase a una mipyme. Una gestión privada puede funcionar mejor y generar servicios que el sistema estatal no logró sostener.

La transición no puede dejar abandonados a quienes trabajaron durante décadas

El problema aparece cuando el Estado intenta desprenderse del costo y deja atrás a trabajadores que pasaron décadas bajo su estructura. Esas personas no diseñaron el modelo económico que fracasó.

Tampoco resulta aceptable presentar una reubicación imposible como una solución real. Mandar a una trabajadora lejos de su casa no resuelve nada si el transporte consume su salario.

El cambio de administrador tampoco borra los salarios pendientes. El Estado sigue teniendo responsabilidad sobre las obligaciones acumuladas antes de entregar cada establecimiento.

La CTC guarda silencio mientras crece la incertidumbre

Hasta el momento del reporte, la Central de Trabajadores de Cuba no había explicado públicamente el alcance de estos cambios. Tampoco la prensa oficial había detallado cuántas cafeterías pasarán a gestión privada.

Ese silencio resulta especialmente significativo. La CTC se presenta como representante de los trabajadores, pero los testimonios muestran a empleados buscando respuestas fuera de las estructuras oficiales.

Los afectados tampoco saben con claridad quién debe pagarles durante la transición. La empresa estatal deja de asumir el local y el nuevo gestor todavía no responde por ellos.

También las bodegas podrían pasar a nuevos gestores

Las denuncias aseguran que el proceso no se limita a cafeterías y restaurantes. También alcanzaría a bodegas de San Miguel del Padrón.

Según los testimonios, en algunos repartos quedaría una sola unidad estatal para distribuir productos racionados específicos. Otras bodegas pasarían a operadores privados.

Si ese modelo se extiende, el Gobierno estaría acelerando un retiro parcial de áreas que mantuvo bajo control durante generaciones.

Otra factura de la crisis termina sobre los trabajadores

Los despidos en Cuba muestran una de las consecuencias más duras de ese cambio. El régimen abre espacio al sector privado cuando ya no puede sostener parte de su propia red.

Sin embargo, los trabajadores vuelven a pagar la factura. Muchos dependen de salarios atrasados, enfrentan reubicaciones poco realistas y no tienen certeza sobre su futuro laboral.

La transformación económica no puede servir de excusa para dejar salarios sin pagar, ignorar derechos o abandonar a empleados de décadas. Si el Estado entrega sus negocios, también debe responder por las personas que trabajaron para él.

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