El Gobierno presentó nuevas reglas para la venta mayorista mipymes. Sin embargo, lo hizo en medio de un escenario marcado por restricciones previas, cierres de negocios privados y un control estatal. Este control sigue definiendo quién puede operar y cómo. Las autoridades hablan de “flexibilización”, pero las dudas crecen entre emprendedores. Ellos han vivido un año de prohibiciones, inspecciones y cancelaciones de licencias.
Una “apertura” que mantiene filtros y autorizaciones
Las normas aprobadas por el Consejo de Ministros permiten a Mipymes y cooperativas comercializar al por mayor con entidades estatales, religiosas, diplomáticas y privadas. La mayoría de estas relaciones ya existían de forma limitada. Ahora quedan sujetas a una arquitectura burocrática más estricta, centralizada en la plataforma de actores económicos. La estructura actual de venta mayorista mipymes parece ser más rígida. Aunque se promociona como un paso forward, el diseño mantiene la lógica de permisos previos. También incluye revisiones territoriales y aprobación política de todo negocio nuevo dedicado al comercio mayorista.
Productores autorizados, pero vigilados
El Ministerio de Comercio Interior afirmó que productores privados, trabajadores por cuenta propia y cooperativas podrán vender al por mayor y al detalle. Sin embargo, el Gobierno condiciona la creación de nuevas entidades. Su actividad debe ajustarse a las estrategias territoriales. Es un criterio ambiguo que en la práctica ha servido para frenar iniciativas privadas. Este punto es crucial: la venta mayorista mipymes sigue dependiendo más del visto bueno estatal. Esto sucede más que de la demanda real del mercado.
Promesas oficiales frente a un mercado desabastecido
La ministra Betsy Díaz Velázquez aseguró que las normas “mejorarán la oferta” y ayudarán a bajar precios. Sin embargo, otras medidas recientes han provocado el efecto contrario. Se han limitado los importadores privados y se han impuesto restricciones en almacenes. También se han realizado decomisos y la cancelación de licencias. Fuentes especializadas como 14ymedio y Diario de Cuba han documentado cierres masivos de negocios durante 2024 y 2025. Además, reportan el retroceso en el acceso a insumos importados por el sector privado. En este contexto, la apertura anunciada parece más un reajuste del control estatal. Esto más que una liberalización real del comercio mayorista, en el que mipymes buscan oportunidades.
Un proceso “consultado” bajo vigilancia
La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales afirmó que las normas incorporan sugerencias de emprendedores y gobiernos municipales. Sin embargo, estos espacios de consulta no han evitado problemas. Muchos negocios sufren inspecciones sorpresa, sanciones desproporcionadas y presiones políticas. El primer ministro Manuel Marrero habló de una medida “no prohibitiva”. No obstante, evitó mencionar por qué el Gobierno aplicó durante meses las restricciones que ahora intenta reorganizar, especialmente en la venta mayorista mipymes.
Lo que todavía no explican
El paquete jurídico deja sin responder varias preguntas. Cómo se evitará el uso discrecional de permisos. Si habrá reglas claras para nuevas licencias mayoristas. Qué nivel de autonomía tendrán los privados en la importación de materias primas. Y cómo garantizarán estabilidad en un mercado marcado por la incertidumbre. Hasta que estas dudas no se aclaren, la medida parece otro intento de maquillar la centralización económica, sin renunciar al control político del sector privado, incluyendo las dinámicas de venta mayorista para mipymes.