La masonería cubana ha alzado su voz contra lo que califica como un claro acoso estatal, tras una auditoría sorpresa y un proceso judicial por “tráfico de divisas”. La organización sostiene que se trata de una violación directa a su autonomía y ha decidido devolver las donaciones recibidas para protegerse de más persecuciones por parte del régimen comunista.
El pasado 1 de julio, una comisión del Ministerio de Justicia (MINJUS), la Contraloría y el Registro de Asociaciones irrumpió sin aviso en el asilo “Llansó”, dirigido por el Patronato masónico. Exigieron revisar libros contables, vales y detalles de las divisas donadas por masones en el exterior, recursos que sostienen el hogar de ancianos sin ayuda estatal. La masonería cubana denuncia que esta acción del gobierno busca desacreditar a sus líderes y someterlos al control del Partido Comunista.
“Lo vemos como una violación a la autonomía del Patronato y por ende a la Masonería”, indica el documento aprobado por unanimidad, que recalca que ese dinero jamás ha pertenecido al Estado. En un contexto de crisis económica y represión, los masones consideran que se intenta criminalizar su independencia.
La situación empeoró el 9 de julio, cuando el director del asilo, Raúl Acosta, fue citado por el Ministerio del Interior y notificado de un proceso penal por “tráfico de divisas”, delito que podría costarle hasta 20 años de cárcel. Este nuevo golpe contra la masonería ocurre apenas un día después de que el propio ministro de Justicia, Óscar Silvera, negara en televisión que el gobierno se inmiscuya en asuntos masónicos.
El Patronato decidió adoptar dolorosas medidas: devolver las donaciones recibidas desde marzo de 2024 para evitar nuevas represalias, pese al grave impacto que tendrá en los ancianos del asilo. También aprobó restringir el acceso a las cuentas y documentos contables solo al presidente y contador, y prohibir auditorías estatales sobre alimentos donados, salvo por motivos sanitarios.
Desde mayo, la masonería cubana vive un fuerte pulso con el régimen. Luego de destituir a Mayker Filema Duarte por intentar perpetuarse en el cargo, el Ministerio de Justicia desconoció el proceso y colocó a un nuevo Gran Maestro cercano al Partido Comunista, lo que desató protestas, citaciones policiales y amenazas de congelar sus cuentas.
“Si el gobierno nos quiere dominar, no se lo vamos a permitir”, advirtió el Gran Maestro electo, Juan Alberto Kessell Linares. Incluso han realizado sesiones frente a la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, bajo estricta vigilancia, para demostrar que no cederán ante la presión comunista.
Así, la masonería cubana enfrenta uno de sus retos más duros, en medio de un país que se hunde por la mala gestión del régimen, el aumento del control estatal y la represión contra toda forma de gestión solidaria independiente.