Manuel Marrero arremetió contra los kioscos ilegales en Cuba y dejó clara una contradicción central del régimen. Reconoce que al Estado le conviene que existan puntos de venta de viandas, pero solo si están “con orden”. Sin embargo, la escasez oficial obliga a miles de cubanos a comprar y vender fuera de la legalidad.
Las declaraciones se produjeron durante una reunión por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución con gobernadores y autoridades del municipio especial Isla de la Juventud. Además, el encuentro volvió a poner el foco en el control, la inspección y el castigo, no en las causas reales que empujan a la población al mercado informal.
Según cifras oficiales presentadas en la reunión, durante 2025 se erradicaron más de 28.500 infracciones vinculadas al ordenamiento territorial y urbanístico. Sin embargo, el propio informe admitió que la actuación preventiva de los cuerpos de inspección sigue siendo insuficiente, pese al despliegue represivo.
El régimen identificó como problema central el aumento de kioscos y puntos de venta “ilegales” en autopistas, vías principales y zonas urbanas. Tras inspeccionar más de 15.000 unidades en todo el país, las autoridades detectaron 11.309 ilegalidades, muchas asociadas a construcciones sin permisos o documentación incompleta. En ningún momento se mencionó la falta de abastecimiento estatal como causa directa del fenómeno.
“No es prohibir, es reordenar”: el discurso oficial
Durante la reunión, Manuel Marrero Cruz afirmó que el problema no radica en prohibir los kioscos, sino en “reordenarlos”. También reconoció que al régimen le conviene que existan puntos de venta para que la población pueda comprar viandas. Sin embargo, insistió en que eso solo es aceptable “con orden” y dentro de la legalidad impuesta por el propio Estado.
El mensaje vuelve a trasladar la responsabilidad al ciudadano. El gobierno admite que la gente necesita comprar alimentos, pero criminaliza las únicas vías reales que hoy permiten acceder a ellos. Las leyes, mencionadas como argumento central, se convierten así en un instrumento para castigar la supervivencia, no para garantizar derechos básicos.
Marrero enmarcó el enfrentamiento a estas ilegalidades dentro del llamado “objetivo general número ocho” del programa de gobierno. Se trata de una fórmula burocrática que no ofrece soluciones concretas ni explica cómo el Estado piensa abastecer mercados que hoy están vacíos.
Escasez, control y doble discurso
Mientras el régimen despliega inspectores y demoliciones, los mercados estatales continúan desabastecidos y los precios regulados resultan irreales. En ese contexto, los kioscos informales se han convertido en una tabla de salvación para miles de familias. Tanto para quienes venden como para quienes compran, estos kioscos son fundamentales.
El discurso de “orden” ignora que el propio Estado creó el desorden al destruir los sistemas productivos, imponer controles asfixiantes y fracasar en garantizar alimentos básicos. Por eso, la persecución de estos puntos de venta no resuelve la crisis alimentaria. Solo la oculta y castiga a quienes intentan sobrevivir.
Al cierre del encuentro, la prensa oficial insistió en la necesidad de fortalecer el vínculo con la base y perfeccionar los métodos de trabajo de los cuadros. En la práctica, ese “vínculo” sigue traduciéndose en más vigilancia, más multas y menos comida.