Un voraz incendio ocurrido el 3 de junio en el municipio Guanajay, provincia de Artemisa, fue provocado por un cortocircuito originado en un bajante eléctrico del área del almacén. Así lo determinó la investigación oficial del Ministerio del Interior (MININT), que concluyó que las precarias condiciones del cableado y del medidor eléctrico fueron determinantes en la propagación del fuego.
El almacén, ubicado en un local arrendado al trabajador por cuenta propia Héctor Manuel López dentro de la fábrica de vinos “José Francisco Costa Velázquez”, resultó completamente devastado. Según el Mayor Yoan Rodríguez Martínez, Perito en Averías, Explosión e Incendios, tanto el sistema eléctrico como el medidor databan de la fundación del local y estaban en condiciones deplorables.
Materiales inflamables y falta de mantenimiento: combinación letal
El siniestro, que comenzó a las 7:55 p.m., se propagó rápidamente debido a la presencia del bajante, una sustancia altamente volátil. Esta situación refleja la desidia con que las instituciones estatales permiten el deterioro de las instalaciones bajo su control, incluso cuando estas son arrendadas a emprendedores privados.
Rodríguez Martínez señaló que el incendio afectó la infraestructura del almacén desde su interior, lo que agravó los daños materiales: más de 400 colchones personales, 196 paneles cameros, 20 colchones cameros, 100 sacos de guata y todo el equipamiento de la maquinaria para fabricar colchones quedaron reducidos a cenizas.
La respuesta al desastre
Para controlar el incendio, intervinieron dos autocisternas, dos cisternas, bomberos del Cuerpo de Rescate, unidades del MININT, y pipas de Aguas Mariel, empresa ubicada en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). Gracias a la acción conjunta, se evitó que las llamas afectaran viviendas cercanas o provocaran víctimas.
Este hecho no solo expone la falta de responsabilidad en el mantenimiento de locales estatales, sino que evidencia una vez más cómo el aparato comunista es incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad, mientras persigue a cuentapropistas y restringe el desarrollo del sector privado.