En un hecho sin precedentes en Cuba, estudiantes de Derecho de la Universidad de Holguín han presentado una demanda pública contra ETECSA, denunciando la imposición de tarifas en dólares sin previo aviso y el incumplimiento de cláusulas contractuales. La frase clave demanda de estudiantes contra ETECSA aparece desde el inicio como eje central de este desafío jurídico.
El pronunciamiento, difundido por el alumno René Javier en redes sociales, se ha viralizado rápidamente. En el documento, los estudiantes denuncian que ETECSA impuso de forma unilateral y arbitraria medidas que restringen el acceso a Internet y violan el principio de igualdad al favorecer solo a quienes reciben remesas. Además, citan artículos específicos de la Constitución y del Código Civil para respaldar su argumento de que ETECSA está operando fuera del marco legal vigente.
Los jóvenes sostienen que la medida profundiza una dolarización encubierta, limitando a quienes no reciben ingresos del extranjero. También califican como clasista e insuficiente el supuesto “beneficio” de los 360 CUP mensuales para estudiantes, lo cual no cubre ni la mitad del consumo de datos de un universitario promedio.
Acusan a la FEU y la UJC de traición estudiantil
En su declaración, los estudiantes critican duramente a la FEU y a la UJC por negarse a apoyarlos en esta demanda. Aseguran que ninguna de estas entidades ha cumplido su función representativa y que, por tanto, no aceptarán ningún respaldo oportunista una vez publicado el documento.
Los estudiantes exigen una reunión pacífica con ETECSA entre el 6 y el 13 de junio, para debatir la legalidad de las nuevas tarifas y exigir su derogación. Subrayan que cualquier intento de intimidación o sanción contra quienes participen en esta protesta será denunciado penalmente, y citan artículos del Código Penal que sancionan tales abusos, especialmente si los comete un funcionario público.
Un acto de legalidad frente a la represión
Este gesto representa un giro notable en la postura de la juventud universitaria, que lejos de repetir consignas impuestas, ha decidido usar las propias leyes del sistema para defender sus derechos. Con fundamentos sólidos del Código Civil, Penal y la Constitución de 2019, los estudiantes acusan a ETECSA de violar normas contractuales que exigen notificación con 30 días de antelación antes de aplicar cambios tarifarios.
Rechazan además que el nuevo sistema de recargas en dólares condicione el derecho a la conectividad, en un país donde el salario mínimo no alcanza para adquirir ni el plan de datos más básico.
La demanda de estudiantes contra ETECSA se convierte así en un acto de resistencia jurídica y dignidad civil en medio de un panorama nacional marcado por la represión a la protesta y el control informativo.