Miguel Díaz-Canel usó la XVII Cumbre de los BRICS en Brasil para acusar a Estados Unidos de una “vergonzosa persecución” contra las brigadas médicas cubanas, mientras ignora que esos programas son una de las principales fuentes de ingresos del régimen a costa de la explotación de los profesionales de salud.
Durante su intervención en Río de Janeiro, el mandatario cubano aseguró que “Cuba por más de 60 años ha desarrollado una política de formación y cooperación de profesionales de la salud para el Tercer Mundo”, y que esos esfuerzos “son perseguidos por la mayor potencia económica del mundo”. Así intentó presentarse como víctima y disfrazar un negocio multimillonario bajo el discurso de la “cooperación Sur-Sur”.
Sin embargo, las misiones médicas cubanas, que dejan más de 4,900 millones de dólares anuales al régimen, han sido denunciadas como una forma moderna de esclavitud. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado cómo el Estado confisca pasaportes, retiene salarios y vigila a los médicos, impidiéndoles exigir derechos o moverse libremente.
Pese a esto, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío negó en una reciente entrevista con Democracy Now! que existan abusos. Según él, los médicos “reciben su salario pleno en Cuba y un estipendio digno en el país de destino”, comparando las misiones con programas de agencias de la ONU, algo que contrasta con numerosos testimonios y con declaraciones del propio Parlamento Europeo, que ha calificado este modelo como “trabajo forzado”.
La presencia de Díaz-Canel en Brasil, junto al canciller Bruno Rodríguez, busca oxígeno financiero y político en momentos en que la economía cubana está prácticamente paralizada. Aunque intente culpar a Washington por el deterioro del negocio de exportar médicos, el verdadero problema es el sistema centralizado del Partido Comunista, que utiliza a sus profesionales como mercancía, limitando sus libertades y lucrándose a costa de su sacrificio.